Tuberías que transportan el agua del trasvase Tajo-Segura, a su paso por la huerta oriolana. EFE/Morell El imparable proceso
del cambio climático, que en el sureste peninsular se materializa en una
alarmante caída de precipitaciones y la consiguiente sequía, ha acentuado aún
más la denominada 'guerra del agua' en torno al envío de caudales desde el Tajo
a la deficitaria cuenca del Segura.
El concepto de
'solidaridad' es enarbolado tanto por los pueblos de interior del alto Tajo por
su derecho a utilizar este bien escaso para desarrollarse como también por
parte de los usuarios de Murcia, sur de Alicante y norte de Almería, un amplio
territorio cada vez más desértico que lucha por sobrevivir con su forma de
vida: la conocida como 'huerta de Europa'.
Inaugurado en 1979 con
una capacidad máxima de 1.000 hectómetros cúbicos al año, en sus cuatro décadas
de vida el acueducto Tajo-Segura ha transferido un volumen medio anual de algo
más de 300 hm3, de los cuales 2/3 partes han ido al regadío y el 33 por ciento
a abastecimiento urbano.
En pleno debate sobre
la modificación de las reglas del trasvase, que reducirán las transferencias
mensuales al Segura, María Ángeles Sierra, la presidenta de la Asociación de
municipios ribereños de los embalses de cabecera del Tajo, los de Entrepeñas y
Buendía, señala a EFE que los vecinos quieren poner fin a los trasvases porque
sin agua en la cuenca cedente no hay posibilidades de desarrollo "de
ninguna clase" y la gente "se va de los pueblos".
DAR VIDA A LOS PUEBLOS
DE LA ESPAÑA INTERIOR
En la última década,
las 22 localidades ribereñas han perdido uno de cada 5 habitantes hasta quedar
en unos 9.000, por lo que Sierra confía en un acuerdo sobre "unos mínimos
no trasvasables que permitan dar vida a los pueblos", toda vez que los dos
pantanos están solo al 22 y 25 por ciento respectivamente de su capacidad.
El "criterio
básico de la solidaridad para que todos los ciudadanos tengan acceso al agua en
cantidad y en calidad suficiente" es uno de los argumentos que sostiene el
consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha,
Francisco Martínez Arroyo, del PSOE, quien asegura que su gabinete desea lo
mismo tanto para las áreas manchegas que sufren la sequía como "para el
resto de territorios del país, también para el Levante".
Tras incidir en que
los pueblos de la España interior, como el alto Tajo, "necesitan agua para
desarrollarse", sostiene que Castilla-La Mancha tiene la "mano
tendida" con las zonas receptoras y no rechaza los trasvases para consumo
humano sino que únicamente ha recurrido para el regadío.
Martínez Arroyo está
convencido de que las últimas medidas del Ministerio de Transición Ecológica
para reducir los envíos mensuales harán que caiga poco a poco el agua al
Segura, una situación de la que los regantes receptores son
"conscientes", al percibir que "su futuro depende de las
desalinizadoras y no del trasvase, porque cada vez hay menos agua".
DETENER LA INCESANTE
DESERTIFICACIÓN DEL SURESTE
Por el contrario, el
consejero murciano de Agua, Agricultura y Medio Ambiente, Antonio Luengo
Zapata, del PP, ha defendido a Efe que es vital defender un trasvase basado
"en la solidaridad entre comunidades que permite mantener cerca de 100.000
empleos directos e indirectos" en la Región y que es beneficioso
medioambientalmente por mantener unos regadíos que detienen la desertificación.
Ha explicado que el
Tajo-Segura ha supuesto para Murcia un crecimiento económico y social "sin
precedentes" en la historia, y ha destacado que el uso del agua es
modélico ya que la Región es la que "más reutiliza y mejor uso da,
consciente de la importancia que tiene un bien tan escaso".
El presidente de los
regantes receptores de la conducción (SCRATS), el murciano Lucas Jiménez, ve el
previsible recorte de caudales motivado más en las decisiones políticas que en
necesidades ecológicas del Tajo, y ha advertido de que la disminución provocará
un daño "irreparable" a los habitantes del sureste.
"El agua genera
vida y oportunidades de vida", ha subrayado Jiménez, quien además ha
apuntado que el recurso hídrico del trasvase "es el óptimo para el cultivo
y el abastecimiento humano".
Desde la patronal
empresarial murciana (Croem) ven "intocable" el trasvase para
sostener el PIB regional, y urgen a que deje de estar sometida a las actuales
tensiones e "incertidumbres".
MÁS DE UN MILLÓN DE HABITANTES
BEBEN DEL TAJO-SEGURA
Desde el sur de la
Comunidad Valenciana, el director del Instituto del Agua de la Universidad de
Alicante, Joaquín Melgarejo, coincide en que el agua del Tajo es
"totalmente insustituible e imprescindible" porque afecta a
"toda" la estructura socioeconómica.
Esto es así porque más
del 60 por ciento del regadío de Alicante depende el Tajo y más de 1,2 millones
de habitantes de la provincia bebe de esta fuente.
Según Melgarejo, más
del 95 por ciento de la superficie regada con el trasvase es por goteo, lo que
hace que la sustitución del Tajo-Segura por otras fuentes (como la
desalinización) no se justifique ambientalmente por el significativo mayor
coste energético, económico y también "contrario a las normas de la
'economía verde' y, por lo tanto, de la transición ecológica".
El alcalde de
Orihuela, el popular Emilio Bascuñana, recibe las noticias de disminución de
agua como "una agresión directa a la línea de flotación de la ciudad"
porque repercute en los dos motores económicos del sur de la Comunidad
Valenciana: el agroalimentario y el turismo.
Para el alcalde
alicantino, el cambio de las normas del trasvase responde a un "capricho o
amiguismo" pese a que "pone en riesgo la huerta de Europa" de la
que viven, solo en el caso de Orihuela, más de 1.500 familias.
"La
desalinización nunca da un agua de tan buena calidad como la de lluvia, la del
trasvase, y además genera residuos como la salmuera, además de necesitar una
gran cantidad de energía que no tenemos, y menos hoy, para bombearla e
impulsarla tierra adentro", según Bascuñana. EFE
Por Silvia Bejarano
(Toledo), Baldo Cortón (Murcia) y Antonio Martín (Alicante)
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