Imagen del Ayuntamiento de la localidad. Para poder detectar situaciones
de riesgo y ejercer una buena protección de la infancia se requiere de una
adecuada coordinación en todos los ámbitos y entre todas las instituciones
implicadas. Consciente de ello, el Ayuntamiento de Quart de Poblet no solo
cuenta con un amplio catálogo de servicios psicológicos especializados, sino
que realiza una intensa labora colaborativa.
Dentro de esta línea de actuación,
el Consistorio convoca mensualmente al Grupo de Infancia y Adolescencia, órgano
cuyo objetivo es fomentar y coordinar la intervención mediante el trabajo en
red de los diferentes profesionales implicados en la atención de los niños,
niñas y adolescentes.
A través del trabajo conjunto
entre Servicios Sociales, el Centro de Día, Educación, el Centro de Salud, la
Policía Local, la Policía Nacional y Sanidad, se trata de atender e intervenir
en todas las situaciones existentes que afectan a las y los menores del
municipio, especialmente en el caso de las familias más vulnerables.
Una labor que en 2020 llevó al
área de infancia y adolescencia de Atención Primaria Básica de Servicios
Sociales a realizar intervenciones con 253 niños, niñas y adolescentes en 184
familias, hogares en los que se daban escenarios de vulnerabilidad y de riesgo
o que contaban con menores en situación legal de desamparo.
En el caso de situaciones de
riesgo, se actuó con 35 niños, niñas y adolescente, y se hizo el seguimiento e intervención
de los 19 chicos y chicas tutelados por la Generalitat Valenciana.
De igual manera, se llevó el
seguimiento de los trece menores que se encuentran en acogimiento en familia
extensa, en constante coordinación con la conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas.
Entre todas las actuaciones
llevadas a cabo por el equipo especializado del Ayuntamiento, destacan
especialmente aquellas dadas en situaciones de crisis, un total de 25 durante
el año pasado. Se trataba de contextos en los que se había producido violencia
entre los miembros de la unidad familiar o existía una situación de
desprotección de niños, niñas y adolescentes. Circunstancias que requirieron de
una respuesta inmediata, adecuada y a menudo coordinada con otros sistemas
profesionales y recursos extramunicipales, siempre desde la base de asegurar el
supremo interés del menor.
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