Emilio Bascuñana y Vítor Valverde/EPDA El Ayuntamiento de Orihuela ha
encargado a los servicios jurídicos municipales que emprendan todas las
acciones que la ley les permita en defensa del trasvase Tajo-Segura, según ha
anunciado en rueda de prensa el alcalde de Orihuela, Emilio Bascuñana, acompañado
del concejal de Agricultura, Víctor Valverde.
Emilio Bascuñana ha expresado su
rechazo frontal a las intenciones, del Ministerio para la Transición Ecológica,
de cambiar las reglas de explotación que pretende reducir el agua a trasvasar a
27 hectómetros cúbicos. Toda modificación que se quiera realizar de las
condiciones de explotación del trasvase está regulada a través de un memorándum
al que se dotó de rango de Ley. Esa normativa fija que cuando la cabecera del
trasvase Tajo-Segura se encuentra en situación de Nivel 2 se ha de
realizar un trasvase de 38 hectómetros cúbicos de agua al mes desde la cuenca
del Tajo a la del Segura. A la reducción prevista hay que sumar la ampliación
del caudal ecológico que el Gobierno central pretende también ejecutar en el
Plan Hidrológico del Tajo que en la práctica supondrá también una reducción del
volumen de agua trasvasada al río Segura.
“Estamos hablando que
vamos a perder 80 hectómetros cúbicos al año, pero esto no se queda ahí ya que
hace tres meses el Ayuntamiento presentó una alegación al Plan Hidrológico del
Tajo por el aumento de caudales ecológicos al paso del citado rio por las ciudades
de Aranjuez, Talavera y Toledo que supondría el desembalse de Entrepeñas y
Buendia de otros 80 hectómetros cúbicos anuales. Por tanto, serían 160
hectómetros cúbicos al año que no vendrían al sureste español cuando la medía
en los últimos 10 años ha sido de 210 hectómetros cúbicos que ya era
insuficiente para abastecer esta zona. Quieren ‘cargarse’ uno de los sectores
productivos más importantes de esta zona con 140.000 hectáreas de frutas,
verduras y cítricos; además de 80.000 regantes afectados con sus familias; 61
comunidades de regantes; 104.000 puestos de trabajo directos y casi 250.000
indirectos; el 70% de la exportación nacional de hortalizas y 24% de fruta que provienen
del sureste español”, explicaba Víctor
Valverde.
Por su parte, Bascuñana considera
este proyecto del Gobierno como de “un ataque a toda la comarca de la Vega
Baja, a todo el sur de la provincia de Alicante, a la vecina región de Murcia, a
nuestro modo de vida y a nuestra supervivencia que depende de estos sectores
productivos. Se trata de una agresión injustificada, unas medidas sin un
fundamento que las sustente, y que al final, lo que supone es una absoluta
injusticia con una gran parte de españoles que debemos ser tratados con
igualdad a la hora de gestionar un bien común de todos como es el agua”.
En este sentido ha indicado que lo
que va a hacer el Ayuntamiento de Orihuela, además de todas las gestiones
políticas y de apoyo a este sector, es encargar a los servicios jurídicos municipales
que emprendan todas las acciones que permita la ley para poner “sensatez
donde no la hay. No tiene sentido alguno este tipo de recorte y menos llevarlo
a cabo sin antes no haber concluido el Plan Hidrológico del Tajo. Para ello le
he enviado una carta a la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera,
instándole a que paralice este tipo de medidas, pero me temo que eso tampoco
será la solución definitiva. En el fondo de todo esto parece que hay una intención
de que el trasvase pase a la historia y que a esta comarca no nos llegue el agua
que tanto necesitamos. Siempre estaremos al lado de nuestros regantes y ahora lo
haremos espero desde la unidad política de todos los gobernantes para seguir
ayudando con el fin de que nuestros vecinos puedan seguir trabajando. Pido al presidente
de la Generalitat que ejerza el papel de la unidad, en la que seguro vamos a
estar todos los ayuntamientos, para que paren estas medidas de explotación del
trasvase Tajo-Segura que se quieren implantar”.
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