Edificio afectado por el aviso de desalojo. / EPDA El alcalde de
Riba-roja de Túria Robert Raga y la teniente alcalde y concejal de Urbanismo,
Teresa Pozuelo, se han reunido este sábado 6 de febrero con los representantes
de veinte familias inquilinas de un edificio del municipio, que han recibido un
aviso de expulsión por parte de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes
de la Reestructuración Bancaria, Sareb.
El pasado 16 de
noviembre tras ser avisados por esa empresa y posteriormente por el Juzgado
número 3 de Llíria, los vecinos afectados aportaron toda la documentación que
acredita la validez de los contratos de alquiler con la misma. En ese momento
el Ayuntamiento se preocupó por el caso e inició conversaciones con la Sareb
para lograr una mediación y soluciones al problema, sin obtener de momento
ninguna respuesta favorable a los intereses de las familias.
Tras la vista con el
juez a principios del mes de febrero y a la espera de la resolución judicial,
el Alcalde ha informado que ya ha solicitado un encuentro urgente con el
vicepresidente y conseller de Vivienda, Rubén Martínez Dalmau, “para hacer
frente a lo que consideramos una injusticia con familias de nuestro municipio
que, teniendo todo en regla, pueden acabar en la calle” ha afirmado Raga,
avisando que en cualquier caso “el Ayuntamiento no los va a dejar en ningún
momento desamparados”.
Según ha explicado el
alcalde, las familias cuya documentación avalaría la legitimidad de su
condición de inquilinos, están viviendo “una pesadilla en un momento de máxima
dificultad social por culpa de la pandemia”. Así, Raga ha trasladado a los
representantes de las familias y uno de los abogados presentes en el encuentro
que el consistorio recuriría a todas las herramientas jurídicas a disposición y
que se les informaría de cualquier avance logrado.
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