El alcalde de Alicante denuncia ser víctima de una cacería por la polémica de las viviendas públicas

El alcalde de Alicante, Luis Barcala, del PP, ha denunciado públicamente este viernes que se siente víctima de "una cacería" para difamarle tanto a él como a su familia y ha insistido en su compromiso por aclarar las supuestas irregularidades en el escándalo de la adjudicación de una promoción de 140 viviendas de protección pública en la Playa de San Juan.

En una comparecencia sin preguntas convocada apenas con diez minutos de antelación en la sala de prensa del ayuntamiento, Barcala ha explicado que quiere responder así tras una noticia publicada por eldiario.es sobre que su mujer cobra el alquiler de una vivienda de protección oficial (VPO) que adquirió en 2006, ya casada y en la que nunca vivió.

El alcalde del PP ha considerado que en esa "cacería" a la que está sometido "absolutamente todo vale con tal de difamar, ensuciar y empozoñar" y ha agregado que parece que "lo importante no es que las cosas sean de una manera o de otra sino de atacarme por tierra mar y aire a mí, y a mi familia".

Para contestar a esa compaña de "acoso y derribo", ha explicado que la vivienda VPO adquirida por su esposa en 2006 era nueva construcción y formaba parte de un grupo de 12 del edificio dirigidas exclusivamente a alquiler y "no para uso propio de los compradores".

Ha continuado que el beneficiario o beneficiaria podían tener a la vez varias viviendas y que el requisito que tenían era alquilarla dentro de un plazo estipulado y con una renta máxima fijada oficialmente, que es lo que ha cumplido su mujer atendiendo la autorización de venta con fecha de 24 de mayo de 2006 concedida por la entonces conselleria valenciana de Territorio y Vivienda.

"Y eso es lo que se ha hecho desde el inicio hasta la actualidad con arrendamientos por debajo del precio máximo en todos los casos", ha recalcado el alcalde sobre esa vivienda situada en el plan parcial de Benisaudet, de la que ha añadido que formaba parte de una promoción del entonces Instituto Valenciano de la Vivienda que era "muy conocida en todo Alicante".

El alcalde ha insistido en que la transacción de su esposa "ha cumplido escrupulosamente desde el primer minuto toda la normativa" y ha proseguido que esta situación "no tiene absolutamente nada que ver" con las irregularidades detectadas en torno a la adjudicación de la promoción de la Playa de San Juan, Les Naus.

Las últimas publicaciones sobre su entorno provocan, en su opinión, que "se traspase una línea" en el sentido de "la cacería a la persona" donde cree que no se busca "esclarecer la verdad".

En todo caso, ha advertido de que no se alterará "en lo más mínimo" su "decidida actuación en perseguir y en esclarecer los hechos relativos a las viviendas de Les Naus, y en impedir que ninguna de esas viviendas esté en manos de quien no le corresponda porque no cumpla la normativa".

También ha expresado la "voluntad decidida de este ayuntamiento de no permitir que ese escándalo dé rendimiento alguno" desde el punto de vista político.

A este respecto, ha reiterado su "profunda indignación" con el escándalo de las viviendas públicas de la Playa de San Juan del que ha dicho que se han asumido responsabilidades políticas, en referencia a la dimisión de la concejal de Urbanismo, la popular Rocío Gómez, y la directora general municipal María Pérez-Hickman.

Entre las medidas adoptadas, ha recordado que se ha abierto un expediente de averiguación de hechos, que se elevó el caso a la Fiscalía Provincial, que se ha anunciado una comisión de investigación y que se ha inspeccionado puerta a puerta, con agentes de la policía local, quien habita realmente en el complejo residencial, que cuenta con piscina, pistas de padel, gimnasio y zona social en una zona privilegiada del término municipal.

También ha repetido la idea expresada desde el inicio del caso en que el ayuntamiento no ha repartido las casas sino que lo ha hecho la cooperativa y que su papel se limitó a vender la parcela y al dar como último paso la licencia de habitabilidad, y que la administración que debe visar por la idoneidad de los beneficiarios es la conselleria de Vivienda de la Generalitat.