El 72,1% de los valencianos con discapacidad ha visto empeorar su situación laboral desde que comenzó la pandemia

Un año después de que la COVID-19 se instalara en nuestras rutinas, la Fundación Adecco, en colaboración con la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas de la Generalitat Valenciana presenta el Informe Discapacidad Y Relaciones Sociales. Se trata de la segunda vez que se lleva a cabo este análisis que, en su primera edición, realizó una encuesta a 1000 trabajadores españoles para detectar su grado de conocimiento y apertura hacia la inclusión de las personas con discapacidad. 

En esta ocasión, se ha invertido el planteamiento y los protagonistas han sido las propias personas con discapacidad quienes, durante el último año, se han visto gravemente expuestas a situaciones de pobreza y/o exclusión debido a la crisis del coronavirus. 

Casi nadie pone ya en duda que las medidas de distanciamiento social son imprescindibles para frenar la expansión del virus, pero no es menos cierto que las restricciones están resultando especialmente duras para muchas personas con discapacidad, en la medida en que sus rutinas diarias y relaciones sociales se interrumpieron de forma brusca el año pasado, y, aún hoy, no se han reanudado con normalidad.  En este escenario cabe hacerse una pregunta: ¿brinda el escenario de la “nueva normalidad” las suficientes oportunidades para garantizar la inclusión social y laboral de las personas con discapacidad? ¿la distancia física se traduce también en una mayor distancia emocional?

La Fundación Adecco, con la colaboración de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, ha encuestado a 700 personas con discapacidad, de los cuales 164 son de la Comunidad Valenciana, para dar respuesta a estas preguntas y analizar otros aspectos clave de cara a su plena inclusión en tiempos de pandemia. La Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas en su apoyo a programas de interés general para atender a fines de carácter social con cargo automático al tramo autonómico de asignación tributaria del 0,7% sobre el Impuesto sobre la renta de  personas físicas, apoya el presente informe, realizado por la Fundación Adecco, con el objetivo de visibilizar las situaciones de exclusión y/o pobreza derivadas de la COVID-19, analizando las secuelas del distanciamiento  en el proceso de inclusión sociolaboral.

La pandemia ha trascendido el aspecto sanitario para desatar una emergencia social sin precedentes, que afecta en mayor medida a las personas con discapacidad y a sus familias, al encontrar tradicionalmente mayores dificultades de acceso al empleo y tener que asumir gastos extra derivados de la atención a la discapacidad. No hay cifras más elocuentes que las de generación de empleo para ilustrar las grandes dificultades que han experimentado las personas con discapacidad durante los últimos meses. Tras finalizar 2020 con un desplome interanual de su contratación del 21%, en el primer trimestre de 2021 el descenso ha sido más moderado, del 16%, teniendo en cuenta que los datos del año pasado recogen los meses más duros del estado de alarma y el confinamiento.  En concreto, en los 3 primeros meses de este año, las personas con discapacidad han suscrito 2299 contratos, frente a los 2736 de 2020.

Se trata del primer descenso en la contratación de personas con discapacidad de la última década, ya que aunque los tres primeros meses de 2020 ya recogieron 15 días del estado de alarma, no dio tiempo a reflejar sus efectos en los datos de contratación de la Comunidad Valenciana. Esta caída ha sido superior a la registrada a nivel general para toda la población valenciana (-14,3%). Pero además de haberse visto más afectados por la pandemia, en el caso de las personas con discapacidad las dificultades son dobles, ya que no solo se enfrentan a la crisis económica, sino a prejuicios y estereotipos históricos que lastran su acceso al empleo y dificultan que encuentren una oportunidad laboral en el corto plazo.

Por otra parte, los resultados arrojan que, durante este año de pandemia, un 72,1% de los valencianos con discapacidad ha visto empeorar su situación laboral. Concretamente, un 15,7% ha perdido definitivamente su empleo; un 10,6% continúa en situación de ERTE; un 7,5% ha tenido que reducirse la jornada; un 4,4% está de baja por motivos de salud y, por último, un mayoritario 33,9% estaba buscando empleo y destaca cómo la pandemia está dificultando enormemente esta búsqueda. En el otro lado, un 27,9% comenta que la pandemia no ha tenido ningún impacto en su situación profesional.

Asimismo, durante el último año, el 70% de las personas con discapacidad en búsqueda activa de empleo en la Comunidad Valenciana no ha realizado entrevistas de trabajo ni recibido ninguna llamada por parte de una empresa. “Las personas con discapacidad y sus familias temen que esta crisis reduzca, definitivamente, sus oportunidades vitales para acceder al mundo laboral y a muchos les preocupa que la década 2020 sea perdida en cuanto a su inclusión laboral. Es por ello urgente actuar para minimizar los efectos de la COVID-19 sobre la población con discapacidad, garantizando su participación en el empleo como principal medio de inclusión social”- destaca Mesonero.

Las medidas de distanciamiento social imprescindibles para contener a la COVID-19, están debilitando el tejido empresarial y causando grandes estragos en algunos sectores de la economía española. Sin embargo, las consecuencias de estas restricciones no están siendo únicamente económicas, sino también sociales. Estas últimas son más difíciles de cuantificar, pues aún no existen indicadores fiables para medir el impacto del coronavirus en intangibles como la plena inclusión de las personas con discapacidad. La presente encuesta ha tratado de realizar una aproximación, analizando la percepción que tienen las propias personas con discapacidad a este respecto. ¿Cómo creen que está afectando la limitación de las relaciones sociales al proceso de inclusión?  El 65% de los encuestados en la Comunidad Valenciana teme que el distanciamiento social perjudique, de forma colateral, al proceso de inclusión social y laboral de las personas con discapacidad. Mientras, un 25% no cree que estas medidas vayan a impactar en este desarrollo.

En un mundo que se traslada al entorno online, se acelera la necesidad de elevar el acceso a internet como derecho universal para que todas las personas puedan utilizar los servicios de la red para sus relaciones sociales y profesionales. Sin embargo, los niveles de acceso a internet continúan siendo extremadamente desiguales en España y, hoy en día, un 10% de la población -aproximadamente 5 millones de ciudadanos- no tienen conexión a la red, según un informe de la empresa de telecomunicaciones Eurona. Esta circunstancia afecta especialmente a zonas rurales y concretamente a personas de edad avanzada; sin embargo, las personas con discapacidad también son un núcleo especialmente expuesto al aislamiento digital, a tenor de sus mayores niveles de pobreza y exclusión social.

Los datos del informe Tecnología y Discapacidad, elaborado por la Fundación Adecco en julio de 2020 (nacionales), dan cuenta de esta situación: un 13% de las personas con discapacidad no tiene conexión a internet en su vivienda. Y aunque el 87% restante sí dispone de conexión, un 38% admite no desenvolverse con soltura en el entorno online.

Pero si bien el acceso a internet es el primer paso para garantizar la igualdad de oportunidades, la brecha digital y el principio de Accesibilidad Universal van más allá de la mera conectividad, planteando otros aspectos técnicos, económicos y sociales. En la citada encuesta de Tecnología y Discapacidad, al ser preguntados directamente por el uso y manejo de las nuevas tecnologías, casi la mitad de las personas con discapacidad (un 45%) declaraba encontrar barreras. Concretamente, un 42% declara que le parecía “muy complejo y avanzado su uso”, seguido de un 32% que encontraba problemas de accesibilidad, al no poder manejar ciertos dispositivos debido a incompatibilidades derivadas de su discapacidad. Por su parte, un 20,6% no confiaba en lo digital y temía ser víctima de algún fraude, mientras que un 15,9% afirmaba carecer de recursos económicos para comprar y adquirir nuevas tecnologías. 

Estas barreras digitales pueden levantar grandes muros en el proceso de inclusión social de las personas con discapacidad pero, sobre todo, en el plano profesional. “En la era COVID-19 la búsqueda de empleo no se entiende sin lo digital: la mayoría de las ofertas de empleo se encuentran en internet, los procesos de selección se transforman en videoentrevistas y el teletrabajo ha venido para quedarse. Resulta por tanto fundamental minimizar las barreras que las personas con discapacidad encuentran en su interacción con la tecnología. Y desde las empresas podemos contribuir a este reto, apostando por la Accesibilidad Universal o desarrollando programas formativos o voluntariados profesionales que acerquen las nuevas tecnologías a las personas con discapacidad de un modo crítico, eficiente y seguro-  destaca Mesonero.

La presente encuesta ha permitido identificar los principales detonantes de discriminación hacia las personas con discapacidad. Según se desprende de las respuestas, los encuestados creen que los prejuicios son el principal factor de discriminación (45,6%), seguidos del desconocimiento (26,3%), la indiferencia (21,7%) y la sobreprotección (6,4%).