Bloque de viviendas de la playa de San Juan en Alicante, foco de la polémica por tener entre sus adjudicatarios a la ya exconcejala de urbanismo y los dos hijos, así como un sobrino de una directora general del ayuntamiento de Alicante. EFE/Morell
El jefe de gabinete de la Conselleria de Industria, Turismo, Innovación y Comercio, Miguel Ángel Sánchez, ha decidido renunciar a su puesto a raíz de la polémica por las presuntas irregularidades en la concesión de viviendas públicas de Alicante, aunque ha asegurado que no tiene ninguna vinculación con la promoción.
Fuentes de la Conselleria de la Generalitat Valenciana han asegurado a EFE que Miguel Ángel Sánchez ha presentado un escrito a la consellera en el que mantiene que no tiene ninguna vinculación jurídica, patrimonial ni administrativa con la promoción de vivienda protegida de Alicante, y que fue adjudicada a una persona ajena a su responsabilidad profesional.
También hace constar en el escrito que no ha intervenido directa ni indirectamente en ningún procedimiento relacionado con esa adjudicación, que pertenece por completo al ámbito privado de terceros.
Además, explica que, en una decisión estrictamente personal y ante el contexto mediático que se ha generado en los últimos días, ha decidido renunciar a su puesto tras regresar de la misión institucional que la Generalitat desarrolla hasta este domingo en China.
El motivo, según argumenta, es "la creciente exposición mediática en torno a este asunto, así como el impacto personal" que está teniendo sobre sus hijas menores y su entorno familiar".
Eso es lo que le lleva a considerar, según sus palabras, que "lo más responsable, en este momento, es dar un paso al lado de manera voluntaria ante la exposición mediática generada por una situación plenamente ajena".
Dimite, insiste, con el único objetivo de proteger a su familia y "evitar que esta circunstancia pueda ser utilizada malintencionadamente para proyectar dudas o generar ruido sobre la acción del Consell".
Esta dimisión se ha producido después de otras dos entorno a esta polémica: la de la concejal de Urbanismo, Rocío Gómez, del PP, tras conocerse que era una de las adjudicatarias, y también de la directora general municipal de Organización Interna, María Pérez-Hickman, cuyos dos hijos y un sobrino han adquirido una de estas viviendas sociales.
Barcala asegura que las viviendas irán a quienes las merecen
El alcalde de Alicante, Luis Barcala, del PP, ha pedido públicamente "disculpas" por el "escándalo" en torno a la adjudicación de las viviendas públicas en la Playa de San Juan y ha jurado que no se detendrá hasta que esas VPP sean para las personas que las merecen.
Así lo ha afirmado en el pleno municipal extraordinario y monográfico sobre este caso que ya ha costado el puesto a varios cargos y funcionarios, entre ellos la concejala de Urbanismo, Rocío Gómez, una tensa sesión en la que ha asegurado que no tenía conocimiento de las supuestas incompatibilidades hasta la pasada semana, y que cuando se enteró ordenó un expediente de averiguación de hechos para aclarar la situación.
El alcalde ha sostenido que cuando termine la investigación en curso exigirá que "quienes ilegitimamente hayan adquirido la vivienda, la pierdan", al ejercer el derecho de retracto por fraude de ley.
"Yo no sabía que (la concejal de Urbanismo) Rocío Gómez se había adjudicado una vivienda en Les Naus, ni del resto de implicados", ha recalcado el alcalde, quien ha declarado que comparte con la oposición que lo sucedido le parece "repugnante e indignante".
Barcala, que no se ha pronunciado por la petición de dimisión pedida por el resto de portavoces, el PSPV-PSOE, Compromís, EU-Podem y Vox (en quien se apoya puntualmente en la acción de gobierno), ha reiterado en que va a aclarar si se han falseado documentos para ser adjudicatarios de la VPP y ha añadido que se indagarán los ingresos declarados y la situación patrimonial de los 140 beneficiarios de la promoción para, en su caso, ejercer el referido derecho de retracto.
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