Detenido un empresario de Muro de Alcoy por emplear a siete trabajadores sin contrato

El responsable de una empresa dedicada a la clasificación de ropa usada de Muro de Alcoi se enfrenta a una pena de entre dos y cuatro años de prisión por tener empleados en situación irregular a siete trabajadores extranjeros en las instalaciones de la firma.

Esa es la horquilla de penas solicitada por el conjunto de las acusaciones en el juicio celebrado hoy jueves ante un tribunal de la Sección Décima de la Audiencia, en la que tanto la Fiscalía como la representante de la Tesorería de la Seguridad Social y la de los empleados han mantenido los términos de sus acusaciones iniciales.

En esta línea, la representante del Ministerio Público ha considerado que el encausado daba trabajo a esos siete ciudadanos extranjeros, de origen árabe, sin procurarles un contrato ni darles de alta en la Seguridad Social. Además, ha incidido en que tampoco contaban con medios de prevención de riesgos laborales.

En esta misma posición ha coincidido la abogada del Estado que también ejercía la acusación en representación de la Tesorería de la Seguridad Social, que ha elevado su petición de condena respecto a la de la Fiscalía para plantear que el empresario fuese castigado con tres años de prisión. Por su parte, la letrado que representaba a cinco de los trabajadores como acusación particular ha ampliado esa solicitud hasta los cuatro años.

En cambio, la defensa ha solicitado la libre absolución, ya que el encausado ha negado, durante su declaración en el juicio, el delito contra los derechos de los trabajadores que se le atribuye. De hecho, ha asegurado que las siete personas que la Policía Nacional consideró que eran empleados suyos no habían trabajado nunca para su empresa. Es más, ha apuntado que solo contaba con tres empleados contratados, todos miembros de su propia familia.

No obstante, cinco de los siete empleados que han comparecido en el juicio han coincidido en manifestar que sí trabajaban en las instalaciones de la empresa y que habían comenzado a hacerlo entre seis y ocho meses antes de que su presencia fuese advertida por la Policía Nacional.

En concreto, según el escrito de acusación de la Fiscalía, los agentes se personaron en la sede de la empresa el 20 de noviembre de 2019 y descubrieron que los trabajadores desempeñaban sus funciones en la empresa sin disponer de contrato ni estar dados de alta en la Seguridad Social. Así lo han confirmado durante su declaración ante el tribunal en un juicio que ha quedado visto para sentencia.