Un momento de la operación policial. EPDA
Momento de la operación, en una imagen de la Guardia Civil. La Guardia Civil ha desarticulado en Torrevieja (Alicante) una organización delictiva que, a través de un complejo entramado mercantil, ha estafado a cerca de 250 personas una cantidad estimada de unos diez millones de euros, aunque la cantidad exacta todavía está pendiente de cálculo.
En el marco de la operación 'Torself' contra esta trama de estafa piramidal, se ha detenido hasta el momento a ocho personas y se ha investigado a otras siete como presuntas autoras de los delitos de pertenencia a organización criminal, blanqueo de capitales, estafa, falsedad documental y delito contra la Hacienda Pública, según un comunicado del instituto armado.
Los agentes han realizado siete registros en varias localidades de Alicante (Torrevieja, Callosa de Segura y Redován) y de Murcia (Murcia capital y pedanía de Sucina), donde han intervenido 192.525 euros (50.000 de ellos escondidos en un carrito de bebé, en la casa del cabecilla), 34.600 francos suizos, cuatro coches de alta gama, cuantiosa documentación, efectos electrónicos y una máquina de contar billetes.
También se ha procedido al bloqueo de 43 cuentas bancarias (18 de ellas cuentas de valores), que sumaban una cuantía total de 234.023 euros.
El dinero incautado en los registros asciende a unos 192.500 euros y 34.600 francos suizos.
La operación se inició en febrero de 2019 tras la denuncia interpuesta por una entidad bancaria ubicada en Madrid que se había visto perjudicada por esta organización delictiva, ya que habían utilizado su nombre como respaldo para captar nuevos inversores.
También se detectó que la cuenta bancaria de una de las mercantiles sospechosas había transferido fondos por valor de un millón y medio de euros, lo que hizo presuponer que se trataba de un caso claro de blanqueo de capitales.
Después de una investigación que ha durado más de un año, la Guardia Civil ha podido constatar la existencia de una red integrada por más de veinte miembros, cuyo dirigente tenía la función principal de invertir en bolsa con el dinero aportado por terceras personas a sus "empresas".
El resto de miembros estaban encargados de captar nuevos inversores, entre sus conocidos y allegados, a cambio de un beneficio de entre un tres y un cinco por ciento del capital invertido.
El anzuelo para conseguir estos inversores eran las altas rentabilidades que prometían, entre el quince y el treinta por ciento al mes, muy por encima del interés medio que se ofrece en el mercado tradicional.
Después, para que creyeran que eran una empresa seria y segura, cumplían con los primeros pagos de los intereses, pero avanzado el tiempo y, especialmente, cuando lograban "enganchar" cantidades importantes, dejaban de pagarlos.
Para evitar denuncias, los estafadores renegociaban la deuda, hasta el punto de ofrecer devoluciones de tan solo el 10 % del capital invertido.
Los inversores aceptaban a la desesperada, temiendo que si se negaban, perderían el 100 % de su dinero.
Con esta táctica han podido acopiarse de varios millones de euros (unos 10 millones hasta el momento) y se han contabilizado más de 250 personas con alguna cantidad pendiente de devolución, aunque el importe estafado está aún por determinar.
El blanqueo de importantes sumas de dinero en efectivo, de procedencia ilícita o irregular, que hasta el momento asciende a los cinco millones, también era parte de su actividad delictiva.
Además, consensuaban acuerdos con inversores que no querían aparecer en los contratos, con otros cuyas inversiones las efectuaban terceros en su nombre o, incluso, con inversores que entregaban dinero en efectivo para la compraventa de vehículos o inmuebles.
En los peores casos, se observaron nexos fuertes con otras organizaciones delicitivas, a las que servían de puente para blanquear el dinero procedente de supuestos ilícitos penales.
El cabecilla del grupo gozaba de tal poder de persuasión, que incluso logró que inversores estafados pidieran préstamos para invertir más dinero.
A ellos se les aseguraba que invirtiendo más, la recuperación del capital inicial sería más rápida. Sin embargo, algunos de ellos han acabado totalmente endeudados, como es el caso de una mujer que efectuó hasta quince contratos, entre renovaciones y nuevas inversiones, por un millón de euros.
Además, debido a la importante cantidad de dinero en efectivo que movía la organización, el dirigente de la organización contaba con férreas medidas de seguridad en su vivienda y se rodeó de "matones" para su protección personal.
Otros de los miembros fueron en su día inversores, pero, ante la imposibilidad de retirar su dinero, decidieron dedicarse a captar nuevas víctimas para recibir comisiones y recuperar algo del dinero invertido.
También alardeaban de que eran una mercantil tan solvente y exitosa que invitaban a los clientes a visitar sus "lujosas" oficinas en una urbanización de Torrevieja. Unas oficinas poco convencionales, si se tiene en cuenta que solo abrían "a su público".
Al frente de algunas de estas mercantiles investigadas (un total de ocho domiciliadas en el mismo lugar, Torrevieja), se nombraban testaferros como administradores, que, en algunos casos, carecían de estudios y apenas sabían leer y escribir, según la nota de prensa de la Guardia Civil.
Las pesquisas continúan abiertas y no se descartan nuevos investigados.
La operación ha sido llevada a cabo por el Equipo de Delitos Económicos de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de Alicante, que ha contado con la colaboración de agentes de Policía Judicial, de la Unidad de Seguridad Ciudadana (Usecic) de Torrevieja y del Servicio Cinológico de las comandancias de la Guardia Civil de Alicante y de Madrid.
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