El director general del Instituto Valenciano de Finanzas, Manuel Illueca, en una comparecencia en Les Corts hace un año. EFE La reestructuración de Afín-SGR Comunitat Valenciana, que llegó a acumular un agujero de 421 millones, está concluido a falta de diez millones de euros de deuda bancaria que se abonarán en los próximos meses, según ha afirmado el director general del Instituto Valenciano de Finanzas (IVC), Manuel Illueca.
El Gobierno valenciano "ha podido rehabilitar una herramienta útil" para facilitar las condiciones de acceso a la financiación de las pymes y autónomos valencianos", ha señalado en una comparecencia en la Comisión de Economía, Presupuestos y Hacienda de Les Corts para informar del estado del proceso de reestructuración de la SGR.
Illueca ha recordado que el Gobierno valenciano se encontró con una SGR con "una deuda oceánica, una cartera de activos tóxicos que, por su tamaño, excedía de la capacidad de gestión de la compañía y un nivel de actividad ínfimo", e inició un proceso de reestructuración.
A día de hoy la SGR tiene un coeficiente de solvencia por encima del 20 %, con un volumen de activos adjudicados pendientes de venta reducido a diez millones de euros, el valor de la participación supera el 100 % del valor nominal, el riesgo vivo crece por primera vez desde 2008,con casi 180 millones de euros, el volumen de avales otorgados se situará este año cerca de los 50 millones, y el número de clientes alcanzará los 750, ha explicado Illueca.
La gestión desarrollada en la SGR durante la burbuja inmobiliaria dio lugar a una crisis en la entidad que ha supuesto para las arcas públicas 377,2 millones o 421 si se incluye el coste para CERSA.
Illueca ha agradecido a los partidos políticos su apoyo en este proceso, y ha afirmado que el éxito de este proceso es de todos.
Ha señalado que las SGR son entidades sin ánimo de lucro con estructuras de gobierno débiles, en las que el supervisor bancario y el socio protector mayoritario juegan un papel vital para asegurar el correcto funcionamiento de la empresa y su viabilidad a largo plazo.
En este caso en concreto, ha dicho, el Banco de España "no calibró debidamente" los riesgos derivados del ciclo expansivo del sector promotor, permitiendo a sociedades como la valenciana asumir niveles de riesgo incompatibles con el negocio bancario.
Por su parte, la Generalitat, en aquella época gobernada por el PP, "no atendió a su papel de socio protector", permitiendo que la SGR valenciana "abandonara su misión fundacional: el apoyo al autónomo y la pyme productiva en el acceso al crédito", según Illueca, que ha recordado que la SGR ha mantenido paralizada su actividad durante una década por este motivo.
La SGR es una entidad privada que está sometida a la normativa bancaria y que facilita financiación a terceros en colaboración con la banca comercial, y esa colaboración requiere que la SGR actúe con la misma profesionalidad que la banca y persiga objetivos equiparables, ha manifestado.
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