Carles Mulet El representante de Compromís,Carles Mulet, ha registrado una moción en
el Senado en la que reclaman que la administración implemente medidas
para facilitar la incorporación al mercado de trabajo de los jóvenes
tutelados por programas públicos.
La propuesta presentada por la formación valencianista en el Senado pide
modificar el Real Decreto 557/2011, de 20 de abril, por el que se
aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y
libertades de los extranjeros en España y su integración social para
adaptarlos a la Ley de Protección Jurídica del Menor, los criterios del
Comité de Naciones Unidas de Derechos de la Infancia y a las
recomendaciones del Defensor del Pueblo sobre menores extranjeros no
acompañados. El objetivo es recoger informes sobre capacidad económica,
esfuerzo de integración y nuevos informes como de la entidad de
protección de menores que puedan autorizar su residencia por
circunstancias excepcionales.
“La Administración llegado a este punto debe permitir que los jóvenes
que han sobrevivido a duras circunstancias puedan soñar en un futuro, ya
sea por la entidad de protección de menores o cualquier otra y revisar
los expedientes de autorización de permisos de residencia y los aparte
de su vulnerabilidad y falta de apoyos para facilitarles proyectos de
vida”, ha indicado Mulet que ha reivindicado el papel de las comunidades
autónomas que, como la valenciana, “cuentan con programas específicos
de acompañamiento en su inserción socio-laboral”.
En el País Valenciano un total de 98 personas jóvenes ex-tuteladas se
encuentran en pisos de emancipación gestionados por entidades sociales
fruto del concierto social que la Conselleria de Igualdad y Políticas
Inclusivas mantiene con ellas por encima de la rigidez de la normativa
existente. Sin embargo, desde comienzo del año 2020, se ha observado por
parte de las entidades un cambio en la interpretación de la norma por
parte de Delegación de Gobierno, que ha desestimado las solicitudes,
dejando a los jóvenes extranjeros ex-tutelados sin sus permisos de
residencia. “Se trata de personas que están recibiendo el apoyo de una
administración autonómica como es la Generalitat Valenciana mientras que
el Gobierno de España les niega la posibilidad de residencia y por lo
tanto, de trabajo”, remarca el senador que pide “cambios para corregir
tan injustas situaciones”.
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