Documento de la Agencia Antifraude. EPDA
Documento de la Agencia Antifraude 2. EPDA La Agencia Antifraude ha solicitado al Ayuntamiento de Canet d’En Berenguer información sobre el contrato aprobado por el alcalde y concejal de Urbanismo, Pere Antoni, con la mujer del portavoz de Compromís, César Gargallo, y hermana del otro edil del partido nacionalista, Antonio Antoni, como adelantó en exclusiva El Periódico de Aquí. Se trata del expediente 2510/2020, donde hubo tres ofertas y finalmente se optó por la de Carmen Antoni, al considerarse la más económica. Gargallo ya señaló en declaraciones a este periódico que se trataba de una operación legal, que se pidieron tres presupuestos y defendió su Curriculum para contratarla. Además, indicó que ‘‘pese a ser una gran profesional cualificada, por su relación, ¿ya no tiene derecho a poder trabajar en Canet, su pueblo, donde viva y paga sus impuestos? ¿Ha de vetar y renunciar Canet a contar con los servicios de grandes y reconocidos profesionales sólo por su relación con otras personas, aun cuando ofrecen servicios más ventajosos?’’, señaló en el escrito remitido a este periódico y publicado en la web y en la anterior edición impresa.
Ahora, según ha podido saber El Periódico de Aquí, Carmen Antoni presentó por registro de entrada número 3729 el 4 de noviembre de 2020, una oferta al Consistorio, antes de que éste invitara a tres firmas para darle un halo de legalidad a la contratación. Ocho días después, el 12 de noviembre de 2020, el Ayuntamiento pide tres ofertas, según consta en los registros de salida números 5177, 5178 y 5179, entre la que se encuentra la de Antoni. Ese mismo día, Llorenç Alapont presentó su ofreta por 3.560 euros sin IVA (registro de entrada 3.839), el 15 lo hizo de nuevo Carmen Antoni por 3.000 euros más IVA (registro 3.886) y el 16 de noviembre, Remei Arévalo, por 3.600 euros más IVA (registro 3.880).
La Agrencia Antifraude, un organismo de la Generalitat Valenciana, ha requerido al Ayuntamiento documentación por un posible conflicto de intereses, tras comprobar ‘‘la existencia de indicios razonables de veracidad’’. Para ello, ha solicitado copia certificada e indexada del expediente que resolvió adjuciar el contrato menor ‘‘para el servicio de proyecto y vigilancia arqueológica de obras de urbanización núcleo histórico’’, así como relación certificada de los expedientes de contratación adjudicados a M. M. Marco y de J. M. Jaime del 2015 al 2020, así como las facturas.
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