El diputado
del PSOE en el Congreso José Luis Ábalos ha presentado una Proposición no de
Ley para reclamar al Gobierno que impulse todas las medidas necesarias para la
investigación de la desaparición de bebés entre los años 1940 y 1990 en España.
La PNL que ha registrado Ábalos es una de las primeras medidas que va a
impulsar, tras la reunión con la asociación de víctimas SOS bebés robados de la
Comunitat Valenciana.
Según ha
indicado el parlamentario socialista, “las denuncias formuladas por las
asociaciones de víctimas cifran en más de 300.000 los casos de bebés arrancados
de sus familias tras nacer en decenas de hospitales públicos, privados y
religiosos de toda España”.
A su juicio, “nos encontramos
ante miles de víctimas de una trama organizada y que ha operado con total
impunidad durante décadas, mientras el Estado y las autoridades pertinentes han
mirado a otro lado”.
La PNL que suscribe el diputado demanda, entre otras
acciones, que el Gobierno “facilite la creación de un banco de ADN que permita
cruzar los datos de las víctimas, de manera que se les ayude a encontrar a sus
verdaderas familias”.
Con el paso de los años, ha indicado, “las víctimas han
podido demostrar que en numerosas exhumaciones de los supuestos bebés
fallecidos no existen evidencias de restos mortales. También las pruebas de ADN
han sacado a la luz que las supuestas madres biológicas de centenares de hijos
vendidos al nacer no coinciden”.
Por ello, el
dirigente socialista ha solicitado que el Ejecutivo “establezca ayudas
económicas para las víctimas que no puedan costearse los test de ADN, dado que
se trata de pruebas determinantes para el esclarecimiento de la verdad”.
Por otro lado, la PNL reclama el impulso de medidas de
apoyo psicológico a las víctimas de estos deleznables sucesos en todas las
Comunidades Autónomas.
José Luis Ábalos insta, además, a que el Gobierno central
establezca “los mecanismos necesarios para que las familias afectadas por esta
trama accedan a la Justicia Gratuita para llevar a cabo sus denuncias, dado que
en numerosos casos no pueden costearse el procedimiento judicial”.
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