641 personas detenidas o imputadas por fraudes al erario público que superan los 7'7 millones de euros

Agentes de la Policía Nacional han detenido a 313 personas e imputado a otras 328, principalmente en las provincias de Barcelona y Girona, por fraudes a la administración pública que superan los 7’7 millones de euros. Mediante la creación de un total de 29 empresas ficticias en la provincia de Barcelona, habrían logrado producir 1.544 altas en la Seguridad Social de forma fraudulenta con el fin de cobrar prestaciones y subsidios por desempleo o la obtención y renovación de permisos de residencia.

Las tres investigaciones ahora finalizadas comenzaron hace varios meses al ser detectadas las empresas que podrían estar cometiendo fraudes a la Seguridad Social y al Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), tanto por agentes de la Policía Nacional como por inspectores de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

Dos indigentes como testaferros

La primera de ellas se inició por la UCRIF de Girona al detectarse un total de doce empresas ficticias, con domicilio social en la ciudad de Barcelona, que se estarían dedicando a dar de alta a trabajadores extranjeros para que, de forma fraudulenta hasta un total de 744, pudieran cobrar prestaciones o subsidios por desempleo u obtener permisos de residencia. Dos varones indigentes de nacionalidad marroquí constaban como administradores de cinco empresas uno, y siete empresas el otro. En esta operación se han detenido a 105 personas e imputado a otras 144, en su inmensa mayoría marroquíes, en las provincias de Barcelona, Girona, Castellón, Madrid, Cáceres y Alicante. El fraude ocasionado a la Seguridad Social, por impago de cuotas, y al Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) por prestaciones y subsidios obtenidos ilícitamente asciende a 3’8 millones de euros.

Connivencia de una gestoría

La segunda de las investigaciones se desarrolla en Barcelona a raíz de una denuncia presentada por un ciudadano quien afirmaba que tres varones pakistaníes habrían creado una empresa ficticia usurpando su nombre y falsificando su firma. Comprobada la denuncia, se constata la existencia de un total de seis empresas con idéntica estructura y administradores, coordinadas y asesoradas por una gestoría de la ciudad condal. La razón de existir de las mencionadas empresas era simular contratos de trabajo y posteriores despidos a ciudadanos extranjeros que precisaran regularizar su situación administrativa en España o adquirir los derechos requeridos para poder percibir prestaciones o subsidios por desempleo. Se han detenido a 53 personas e imputado a otras 44, en su mayoría pakistaníes, en las provincias de Barcelona, Lleida, Valencia y Getafe (Madrid). El fraude ocasionado con la Seguridad Social, por impago de cuotas, y al Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) por prestaciones y subsidios obtenidos ilícitamente asciende a un millón de euros.

La tercera de las operaciones se inicia en el mes de junio de 2013 cuando se reciben informaciones referentes a la existencia de una empresa ficticia, dedicada a la construcción, en Mataró (Barcelona). Las investigaciones permitieron detectar otras once empresas que tenían en

común a sus administradores de origen marroquí y el domicilio social. Entre todas ellas se comprobó el trasvase de trabajadores, dándoles de baja en unas y, acto seguido, alta en otra mediante contratos falsos de trabajo que permitirían a los interesados solicitar o renovar sus permisos de residencia y acumular los periodos mínimos exigidos por la ley para cobrar prestaciones o subsidios por desempleo.

La trama estaba integrada por su máximo responsable, un ciudadano español de origen marroquí, intermediario y captador, con el asesoramiento profesional de una gestoría de Mataró. Se han detenido a 155 personas e imputado a otras 74, en su mayoría marroquíes, en la provincia de Barcelona. El fraude ocasionado con la Seguridad Social, por impago de cuotas, y al Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) por prestaciones y subsidios obtenidos ilícitamente asciende a los tres millones de euros.

A los detenidos se les imputan presuntos delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social, contra los derechos de los trabajadores, falsedad documental y estafa.

Convenio para luchar contra el fraude al erario público

El incremento de este tipo de fraude contra la Seguridad Social y el Servicio Público de Empleo Estatal, propició la firma del “Convenio de Colaboración entre el Ministerio de Empleo y Seguridad Social y el Ministerio del Interior, sobre coordinación entre la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, en materia de lucha contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social” el día 30 de abril de 2013.

Las investigaciones han sido desarrolladas por el Grupo 7º de la UCRIF de Barcelona, UCRIF de la Comisaría Provincial de Girona, UCRIF Central C.G. Extranjería y Fronteras, G.O.E. Comisaría Local de Mataró (Barcelona), UCRIF de la Comisaría Provincial de Lleida, UCRIF de la J.S.P. Valencia, UCRIF de la Comisaría Provincial de Castellón, UCRIF de la Comisaría Provincial de Alicante, UCRIF de la Comisaría Provincial de Cáceres, Brigada Local de Extranjería y Fronteras de Getafe (Madrid), Observatorio del Fraude de la Tesorería General de la Seguridad Social (Dirección Provincial de Barcelona) y la Inspección de Trabajo y Seguridad Social del Ministerio de Empleo y Seguridad Social.