Un hombre de 59 años que residía en una zona frecuentada por personas sin hogar situada junto al estadio José Rico Pérez de Alicante ha sido condenado por la Audiencia Provincial a once años de prisión por causar la muerte de otro mendigo, tras golpearle con un calcetín en el que había introducido una piedra de gran tamaño.
El suceso se produjo en torno a las 3:25 horas del 8 de diciembre del año 2023 en la mencionada zona de asentamiento de transeúntes, en la que se encontraban el procesado y la víctima. La sentencia concreta que el acusado se dirigió al mendigo y entabló una discusión con él por motivos que se desconocen para, acto seguido, protagonizar una pelea física en la que el procesado se pertrechó de un objeto contundente con el que poder golpear a su contrincante.
En concreto, utilizó un calcetín en el que había introducido una piedra, para propinarle golpes en la cabeza y en varias partes del cuerpo.
El impacto de esos golpes propició en el perjudicado un politraumatismo por el que tuvo que ser trasladado al Hospital General de Alicante para recibir asistencia y allí permaneció dieciséis días ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).
Después fue trasladado al Real y Santo Hospital de la Caridad de Cartagena, en Murcia, donde acabó falleciendo días después, al no poder superar los daños y secuelas ocasionados por los golpes.
El juicio
En el juicio, el encausado reconoció los hechos y asumió la autoría de un delito de homicidio, tras alcanzar un acuerdo de conformidad con la Fiscalía, con lo que no fue necesaria la constitución del jurado popular que debía enjuiciar los hechos, según la sentencia que, además de los 11 años de cárcel, añade otros cinco años de libertad vigilada y una indemnización al Servicio Valenciano de Salud de 25.653 euros por los gastos derivados de su atención médica, así como otros 10.442 euros más al Servicio Murciano de Salud.
Con todo, no se contempla el pago de indemnizaciones a los familiares del fallecido, que tenía dos hijos y un hermano, toda vez que habían renunciado al ejercicio de acciones penales.
Imagen de archivo del hospital de Alicante. - EPDA
