Vista general de la Serra Gelada . EFE-MorellEl alcalde de Benidorm, Toni Pérez, del PP, ha afirmado este miércoles que acatará la decisión de la Justicia sobre la indemnización de 350 millones de euros del ayuntamiento a los propietarios del suelo no urbanizado del parque natural de Serra Gelada y ha asegurado que esa multa no será ni la "ruina" ni provocará la intervención de la corporación por parte del Estado.
Las declaraciones de Pérez se producen un dÃa después de que se conociera que el Tribunal Constitucional (TC) ha desestimado el recurso de amparo con el que el ayuntamiento de Benidorm querÃa evitar el pago de 350 millones de euros a los propietarios del suelo en el APR-7 de Serra Gelada, una cantidad que equivale a más del doble del presupuesto anual de la ciudad y que podrÃa comprometer gravemente la estabilidad financiera del municipio.
De esta manera, el consistorio vuelve al punto de partida y, salvo que decida presentar en los próximos 30 dÃas un recurso de casación al último fallo judicial del TSJCV, afronta una sentencia firme que le obliga a pagar una indemnización de más de 350 millones de euros a las empresas Murcia Puchades Expansión, SL y Urbana Villajoyosa 2000, SL, por unos terrenos situados en el Parque Natural de Serra Gelada, cuya edificabilidad fue anulada tras la declaración de protección ambiental.
Tras presentar las acciones del Patronato Costa Blanca en la inminente edición de la feria turÃstica FITUR de Madrid en su calidad de presidente de la Diputación Provincial, Pérez ha señalado que los técnicos económicos y jurÃdicos municipales estudian en estos momentos cómo actuar y ha proseguido que en función de sus informes se tomará un camino u otro ante "un revés brutal que habrá que gestionar".
"Vamos a hacer todo lo que podamos para atender ese compromiso y resolverlo de la mejor manera para las partes", ha declarado antes de hacer hincapié en que se actuará "en la manera de lo posible sin tocar los tipos impositivos y creciendo en los servicios municipales".
En todo caso, ha incidido en que el proceso judicial aún no ha terminado porque hay 30 dÃas para estudiar un posible recurso de casación a la última sentencia del Tribunal Superior de Justicia valenciano que invalidó el pleno municipal que pretendÃa anular los convenios urbanÃsticos que han dado pie a la millonaria indemnización.
Reclamación "imposible de atender"
Pérez ha recordado que este asunto data de hace dos décadas a raÃz de un convenio de aprovechamientos urbanÃsticos que, con el paso de los años, se ha convertido en una reclamación dineraria "imposible de atender".
Tras ponerlo en manos de los técnicos municipales en 2017, éstos indicaron que la reclamación de las empresas "no se correspondÃa con la naturaleza de los hechos", lo que inició un largo litigio que ha concluido con la sentencia del TSJCV y la desestimación de amparo del TC.
Según el alcalde, "Benidorm tiene capacidad polÃtica" para "abordar una solución que no es menor" y ha lamentado que haya "agoreros de la quiebra y la ruina" que hablen "de lo que cada vecino debe" por esta indemnización ya que, ha recalcado, "es gente que no ha gestionado nunca nada".
A este respecto, ha defendido su gestión una alcaldÃa a la que llegó, en 2015, con una deuda municipal de 95 millones que dejó "a cero en 2022" y, a continuación, ha comentado que este caso "habrá que gestionarlo con trabajo".
Pérez, que sin citarlo expresamente se ha referido a la deuda de 285 millones de otro ayuntamiento, en alusión a GandÃa (Valencia), también ha hecho referencia al valor que supone que los terrenos objeto de la reclamación sean parque natural, uno de los más visitados en la Comunitat Valenciana por su calidad ambiental y que, además, aporta un gran valor a Benidorm como destino turÃstico, por sus "acantilados únicos en el Mediterráneo"
El PSPV-PSOE en Benidorm ha exigido este miércoles la dimisión del alcalde, el popular Toni Pérez, al considerarlo responsable de la posible quiebra técnica municipal por "la mayor condena económica a un ayuntamiento de España", en referencia a la sentencia firme que obliga al consistorio a pagar más de 350 millones de euros por los terrenos del APR-7 de Serra Gelada.
La portavoz del PSOE, Cristina Escoda, ha señalado que el origen del conflicto se remonta a 2003, cuando Toni Pérez votó a favor de los convenios urbanÃsticos que reconocÃan derechos a los propietarios de los terrenos, y ha recordado que también respaldó su renovación en 2010 "antes de cambiar de postura años después".
Según los socialistas, la estrategia seguida posteriormente por el alcalde, basada en la anulación de los convenios y la vÃa judicial, ha desembocado en "la mayor condena económica a un Ayuntamiento en España", con un impacto que cifran en unos 5.000 euros por habitante.
El PSOE ha advertido de que la deuda continúa incrementándose por los intereses de demora, que calculan en unos 47.500 euros diarios, y alertan de que esta situación puede traducirse en "recortes de servicios públicos, paralización de inversiones y subidas de impuestos".
Ante este escenario, el grupo socialista ha reclamado un cambio de rumbo que pase por la negociación con los propietarios afectados y por iniciar contactos con el Ministerio de Hacienda para valorar la entrada en el Fondo de Ordenación, además de exigir mayor transparencia y la comparecencia de los técnicos municipales para explicar el alcance real de la sentencia.
