Imagen de archivo de una familia. -EPDAEl Sindicato Profesional de Policías y Bomberos de Benidorm ha pedido al área de Personal que atienda la petición de adaptación de jornada que ha formulado un trabajador municipal que recientemente ha sido padre, para no incurrir en una discriminación por razones de sexo.
El secretario general de esta central sindical, Francisco Ángel González, en declaraciones a EFE ha recordado que el Ayuntamiento ya ha perdido en otras ocasiones en los juzgados demandas interpuestas por este sindicato contra la utilización del silencio administrativo para denegar las peticiones de los funcionarios.
Por ello, exige a la edil de Personal que "dicte las órdenes oportunas para que su departamento atienda la petición que este trabajador formuló hace tres meses, porque ha tenido tiempo suficiente" y que inicie los trámites oportunos "para eliminar cualquier rastro de discriminación por razón de sexo o cualquier otra índole que pudiera existir en el convenio de Relaciones Laborales del Ayuntamiento".
González ha explicado que el trabajador en cuestión que ha sido padre recientemente y que "se encuentra en una situación de especial necesidad por motivos de salud", por lo cual solicitó que se le adaptara la jornada laboral al turno de mañana para poder conciliar su vida laboral con la familiar. Sin embargo, el Ayuntamiento "ha hecho oídos sordos" y tres meses después de la petición aún no ha contestado "incumpliendo así el convenio pactado y firmado".
El citado convenio recoge que "las madres trabajadoras funcionarias de este Ayuntamiento que tengan hijos menores de nueve años podrán adaptar su horario laboral y posponer el ingreso en el trabajo, así como la salida del mismo en función de las necesidades de cada trabajadora, que serán expuestas en la Mesa de Seguimiento".
El texto está redactado exclusivamente en femenino pero el SPPLB entiende que se debe interpretar las normas "de acuerdo a la realidad social del tiempo en que van a ser aplicadas, atendiendo a su espíritu y finalidad y a la no discriminación por sexo" y que el texto del convenio vigente data de 1995 y está desfasado.
La central sindical pide "aplicar el lenguaje inclusivo del que tanto se habla de puertas para fuera, pero que no se aplica dentro del Ayuntamiento".
Por último, acusa al Ayuntamiento de "actuar con absoluta temeridad y a sabiendas" por volver a utilizar el silencio administrativo para denegar solicitudes provocando que estos asuntos terminen en los juzgados y "se generen gastos innecesarios en costas judiciales e intereses que corren a cargo de las arcas municipales".
