Los regantes del sureste recurrirán a la Justicia para que el Tajo-Segura se quede "como está"

Los regantes del sureste se han manifestado este martes ante el Palacio de la Moncloa para mostrar su desacuerdo con la reducción del caudal del trasvase Tajo-Segura que contemplan los nuevos planes hidrológicos, y han afirmado que recurrirán a la Justicia para que la situación siga "como está".

"No vamos a parar. Ya estamos preparando un recurso contenciosos administrativo (para elevar el Tribual Supremo) porque no nos vale nada que no sea dejar las cosas como están", ha dicho a EFE Lucas Jiménez, el presidente de los convocantes de esta manifestación, el Sindicato Central de Regantes del Tajo-Segura (Scrats).

A la convocatoria han respondido alrededor de 130 personas -según los datos de la Delegación del Gobierno- y unos 500 -según los organizadores-, que han alzando su voz con gritos de "¡agua para el Levante!" y que han pedido la dimisión de la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, impulsora de este real decreto. 

Han acudido representantes de asociaciones agrarias, cooperativas, empresas, regantes y políticos de la Comunidad Valenciana, Murcia y Andalucía.

Ha sido el último intento de los regantes de la zona del levante de ser escuchados antes de que el Consejo de Ministros aprobara el real decreto que revisa los planes hidrológicos, que incluye un caudal ecológico en el Tajo que afecta al trasvase con el Segura.

En virtud de esta iniciativa legal, el caudal del Tajo tendrá que elevarse a su paso por Aranjuez (Madrid) de manera progresiva: de seis a siete metros cúbicos por segundo en 2023, a ocho en 2026 y a 8,65 en 2027.

Ese aumento llevará aparejada una predecible disminución del agua a trasvasar hacia el Levante, lo que afectará gravemente a la economía de estas zonas en general y al sector primario en particular, de acuerdo con las denuncias de regantes, empresarios, instituciones y fuerzas políticas locales de las regiones afectadas.

Los manifestantes han indicado que para 2027 la reducción de agua que recibirá el Segura será del 50 % Y que ello supondrá la pérdida de 27.314 hectáreas de superficie regable en todo el levante, la desaparición de más de 15.000 empleos, y reducciones de valor patrimonial estimadas en 5.692 millones de euros. 

"Se ha producido un cambalache político", ha lamentado Jiménez, que ha asegurado que la decisión del Gobierno no está avalada por ningún informe técnico y ha asegurado que los datos que maneja su Sindicato indican que los actuales seis metros cúbicos del Tajo son suficientes para mantener la masa de agua sin perjudicar ni a la flora, ni a la fauna y a la actividad agraria.

Por su parte, el presidente de la asociación agraria Asaja en Alicante, José Vicente Andreu, ha indicado que van a seguir luchando porque no pueden permitir que se les reste "ni un solo litro" del trasvase Tajo-Segura.

Andreu ha apelado al dictamen del Consejo de Estado sobre este real decreto, que valida la creación de los caudales ecológicos pero pone en cuestión la metodología de cálculo de los caudales que se han establecido. 

Por todo ello, ha incidido en que ahora acudirán al Tribunal Supremo con la seguridad de que el dictamen del Consejo de Estado apoya sus reivindicaciones. 

En cuanto a la alternativa que propone el Ministerio de Transición Ecológica (Miteco) de suplir esta reducción de caudal en el Segura con inversiones millonarias para poner en marcha varias desaladoras, Andreu ha dicho que el agua desalada tiene un mayor coste ambiental y energético. 

El presidente de la asociación hortofrutícola Proexport, Mariano Zapata, también presente en la manifestación, ha dicho que se encuentran "preocupados" por el futuro del sector y ha indicado que en las 60 empresas que forman parte de su agrupación están en riesgo entre 8.000 y 10.000 empleos directos.

"Seguiremos reivindicando una cosa que es necesaria para poder seguir trabajando, como es el agua para la agricultura, y no pararemos hasta que se den cuenta de que están equivocados", ha expresado Zapata. 

El vicepresidente de los regantes del trasvase Tajo-Segura, Fernando Rubio, representante también de los regantes de la Almanzora, en Almería, ha explicado que este recorte de agua para el Segura "no va a beneficiar a nadie".

En lo que respecta a la representación política presente en la manifestación, el consejero de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca de la Región de Murcia, Antonio Luengo Zapata, ha pedido al Gobierno de Pedro Sánchez una "equidistribución del agua" en España, para "garantizar 330 hectómetros cúbicos al año para el Levante".