Vista de una sala de juicios vacÃa. EFE-Emilio Naranjo-Archivo
Cuatro de los cinco acusados por promover, favorecer o facilitar el trasplante ilegal de un órgano (hÃgado) que están siendo juzgados desde este lunes en Valencia han informado al tribunal de que han donado 7.500 euros cada uno (un total de 30.000) a la Organización Nacional de Trasplantes (ONT) para "reparar el posible daño causado", si bien todos ellos sostienen que son inocentes.
Los hechos se remontan a abril de 2013, cuando, según detalla el fiscal en su acusación, el enfermo, un libanés residente en Beirut, contactó con dos sobrinos suyos que vivÃan en España y regentaban una empresa en Novelda para que encontraran un donante vivo, "sabedor del prestigio de esta cirugÃa en nuestro paÃs".
Tanto los sobrinos como el hijo del enfermo y otro compatriota libanés comenzaron entonces las gestiones para "la materialización de dicho trasplante, con evidente quebranto de la legislación española relativa a la donación de órganos entre vivos", agrega la acusación pública.
AsÃ, contactaron con ocho candidatos, personas que eran "especialmente vulnerables tanto por su procedencia como por su penuria económica".
A varios de ellos llegaron a pagarles las pruebas en diferentes clÃnicas médicas de España para conocer su compatibilidad como donantes con el paciente. Y en muchos casos, siempre según la versión de la FiscalÃa, les ofrecieron dinero o trabajo, entre otras prebendas, a cambio de la donación.
Ésta no se llevó a cabo porque los candidatos no querÃan asumir el riesgo o no fueron admitidos por los médicos, entre otras razones, según el Ministerio Público.
La donación finalmente se realizó de hijo a padre -tras determinar unas nuevas pruebas que sà que era posible- y se materializó en una clÃnica privada de Barcelona en agosto de 2013.
Este juicio se celebró en octubre de 2019 y se resolvió con una conformidad de los acusados, el enfermo aceptó un año de prisión y el resto dos años, pero la Organización Nacional de Trasplantes, que fue expulsada de este primer proceso, recurrió y ha logrado que el Tribunal Supremo ordenase la repetición del mismo.
El Ministerio Público solicita ahora tres años de prisión para el enfermo y siete años para los otros cuatro acusados por un delito de promoción, favorecimiento o facilitación de trasplante ilegal de órganos humanos ajenos.
