El pleno de la Diputación de Alicante ha aprobado este miércoles una moción presentada por el Partido Popular y apoyada por Ciudadanos en la que rechaza el recorte del trasvase Tajo-Segura propuesto por el Gobierno central.
El texto, que se ha votado con la abstención del PSPV-PSOE y Compromís, critica asimismo la "pasividad" y el "desinterés" del presidente de la Generalitat, Ximo Puig, en la defensa de esta infraestructura.
La vicepresidenta segunda y diputada de Ciclo Hídrico, Ana Serna, ha denunciado que el aumento de los caudales ecológicos del Tajo, aprobado este martes por la Confederación Hidrográfica de esta cuenta, "se traducirá en un recorte de 105 millones de euros de metros cúbicos para regadío, lo que supondrá la pérdida de 27.314 hectáreas de cultivo y más de 6.000 empleos en la provincia de Alicante".
"Esta decisión, que se consumará el martes en el Consejo de Ministros, es meramente política y no responde a criterios técnicos", ha criticado Serna, quien ha advertido de que la intención de sustituir el agua trasvasada por agua desalada "tendrá un sobrecoste para los regantes y los municipios y supondrá una hipoteca energética y medioambiental".
La responsable provincial ha lamentado la actitud de Puig "quien con el anuncio de sus recursos solo pretende cubrir el expediente" y ha apuntado que "si el presidente de la Generalitat hubiera hecho sus deberes, ahora podría quejarse, pero ha consentido que la ministra venga a nuestra tierra a decir que aquí hacemos un mal uso del agua".
El portavoz de Ciudadanos, Javier Gutiérrez, ha criticado que el nuevo plan "no deja lugar a dudas de las verdaderas intenciones del Gobierno socialista", al que ha responsabilizado de "arruinar a los agricultores alicantinos, a pesar de su gran peso en nuestro país".
Desde la oposición, tanto PSOE como Compromís han mostrado su rechazo al recorte del trasvase, aunque no han apoyado el texto del Grupo Popular, a quien han acusado de "hacer partidismo" con el tema del agua.
Durante el pleno, también ha salido adelante la moción presentada por los grupos del equipo de gobierno en la que muestran su rechazo a la versión preliminar del Plan de Acción Territorial de la Vega Baja, "que supone un retroceso y la paralización de la comarca" según ha denunciado la diputada de Proyectos Europeos y alcaldesa de Almoradí, María Gómez.
"Queremos que la Vega Baja avance con un desarrollo sostenible y no con un Plan de Acción Territorial que nos retrotrae a 20 años atrás" ha criticado la diputada, quien ha precisado que este documento, en fase de exposición pública y al que ya se han presentado más de 1.300 alegaciones, supone la "parÁlisis"de sectores tan importantes como el agroalimentario o el del turismo residencial.
La diputada socialista y flamante alcaldesa de Orihuela, Carolina Gracia, ha asegurado que este plan "se ha hecho buscando el máximo consenso y pretende poner fin al urbanismo salvaje que se ha practicado en la comarca en los últimos 20 años".
Por otra parte, el PP y Cs han sacado adelante un acuerdo para instar a la Generalitat a crear un órgano de coordinación para afrontar situación de emergencias y catástrofes, en lo que, han afirmado, debería ser "un manual de procedimiento en coordinación con las diputaciones y los municipios que determine cómo, quién y de qué manera se debe actuar frente a los daños causados en infraestructuras públicas".
Por último, los grupos del equipo de gobierno han votado en contra de la moción presentada por Compromís, en la que se solicitaba que "en la institución provincial se rechace introducir en futuros gobierno a la extrema derecha, representada por VOX".
Sin embargo, tanto PP como Ciudadanos han rechazado "los cordones sanitarios a partidos políticos legales".
