Varios guardias civiles examinan los restos del coche bomba que explotó en Santa Pola en 2002. -EFEEl juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha acordado reabrir la investigación sobre el atentado que ETA perpetró en la localidad alicantina de Santa Pola en 2002, en el que murieron un jubilado de 57 años y una niña de 6, para determinar la vinculación de seis exdirigentes de ETA con la acción terrorista.
Lo hace a instancias de la asociación de víctimas Dignidad y Justicia, que presentó una querella recientemente contra los exjefes de ETA Juan Antonio Olarra Guridi, Jon; Ainhoa Mugica, Olga; Félix Ignacio Esparza, Navarro; Mikel Albisu, Mikel Antza; Ramón Sagarzazu, Ramontxo; y María Soledad Iparraguire, Anboto, por estos hechos.
Tras abrir diligencias previas y pedir opinión a la Fiscalía, que ha apoyado la reapertura de la causa, el magistrado al frente del juzgado central de instrucción número 6 de la Audiencia ha acordado reabrir el sumario 9/2002 y continuar su tramitación, según el auto dictado el 25 de marzo y al que ha tenido acceso Efe este martes.
Lo primero que ha hecho es ordenar a la Guardia Civil y a la Policía Nacional que recabe "cuantos datos obren en su poder que permitan relacionar" a los citados exdirigentes de la banda terrorista con el citado atentado, en el que murieron un jubilado de 57 años y una niña de 6, y por el que ya fueron condenados Óscar Celarain y Andoni Otegi.
El juez explica en su auto que la reapertura de actuaciones puede llevarse a cabo cuando "existan nuevos elementos o circunstancias a valorar y que guarden directa vinculación con los hechos iniciales que motivaron la incoación" de una causa, y afirma que en este caso dicha "vinculación o relación es palmaria".
La decisión del magistrado se produce semanas después de que admitiese a trámite otra querella de Dignidad y Justicia contra nueve exjefes de ETA por el secuestro y asesinato del concejal del PP de la localidad guipuzcoana de Ermua Miguel Ángel Blanco, cometido entre el 10 y el 12 de julio de 1997.
En paralelo, otros jueces de la Audiencia también están investigando la presunta responsabilidad de exdirigentes de la banda terroristas en crímenes de ETA, como el del concejal del PP en San Sebastián Gregorio Ordóñez en 1995.
Dignidad y Justicia ha impulsado estos procedimientos al considerar que se puede condenar a los querellados en concepto de comisión por omisión porque podrían haber impedido los atentados dada su capacidad de mando en la organización terrorista. Sería la figura, dice la querella, del "autor detrás del autor".
En el caso de la acción terrorista de Santa Pola, la querella indica que los seis querellados presuntamente integraban la cadena de mando intermedia y el Comité Ejecutivo y que omitieron las contraórdenes para que el atentado no fuese realizado.
