Audiencia Nacional. -EPDAEl juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha acordado citar como investigados a seis exmiembros del Comité Ejecutivo de la banda terrorista ETA por el atentado del 4 de agosto de 2002 contra la casa cuartel de la Guardia Civil de Santa Pola, en el que murió un hombre de 57 años, Cecilio Gallego, y una niña de 6 hija de un agente, Silvia Martínez Santiago.
El juez, que ha reabierto esta causa a raíz de una querella de la asociación de víctimas Dignidad y Justicia, ha decidido dirigir el procedimiento contra Juan Antonio Olarra Guridi, alias Juanvi, Jon, Jokin y Fede; Ainhoa Mugica Goñi, alias Olga; Félix Ignacio Esparza Luri, alias Navarro, Gava y Ana; Mikel Albisu Iriarte, alias Mikel Antza; Ramón Sagarzazu Gaztelumendi, alias Ramontxo", Txango y Lohitzun, y María Soledad Iparraguirre Guenechea, Marisol o Anboto.
El instructor acuerda estas diligencias en un auto fechado este jueves -a pocos días del 20 aniversario de este atentado- y dictado a partir de un informe de la Guardia Civil que confirma la participación en el atentado terrorista de los dirigentes de ETA como responsables del "aparato militar" en el momento de los hechos, por lo que entiende que deben ser llamados a declarar en calidad de investigados.
Lo hace después de que la Fiscalía expresara la semana pasada sus dudas acerca del éxito de este tipo de causas contra exjefes de ETA por basarse solo en informes de inteligencia y por la prescripción de los delitos cuando este mismo juez tomó declaración en la causa sobre el crimen del concejal del PP en Ermua Miguel Ángel Blanco a Anboto y a su pareja Mikel Antza, imputados también en este procedimiento.
Con este son ya tres los procedimientos impulsados por Dignidad y Justicia en los que se ha imputado recientemente a un total de ocho exdirigentes de la banda terrorista -el tercero es por el asesinato del concejal del PP en San Sebastián Gregorio Ordóñez y lo instruye el juez Alejandro Abascal-. Algunos nombres como el de Mikel Antza o Anboto se repiten.
Los autores materiales del atentado de Santa Pola, en el que ETA mató a Cecilio Gallego y a la niña Silvia Martínez, fueron Óscar Celarain Ortiz y Andoni Otegi Eraso, juzgados y condenados por la Audiencia Nacional en 2012.
En marzo de este año, a raíz de la querella de Dignidad y Justicia y de acuerdo con el criterio del fiscal, el juez acordó reabrir la investigación sobre el atentado para dirigirla hacia los que entonces eran jefes de ETA.
Respecto al atentado de Santa Pola, el informe de la Guardia Civil recoge el organigrama de la organización en esas fechas y se adentra en el análisis de varios documentos manuscritos que, a su juicio, evidencian que Olarra Guridi y Múgica Goñi, como responsables del "aparato militar" de ETA, ejercían el control del comando Argala, responsable de dicha acción terrorista.
Entre ellos, una nota de autocrítica manuscrita por Olarra Guridi en la que transmitía "a sus colaboradores más directos" de la estructura del "aparato militar" datos relacionados con varios comandos, entre ellos el Argala, del que apuntaba las intenciones de que sus miembros actuasen en Guipúzcoa y Navarra y a una vivienda que habría servido de infraestructura al comando.
De Múgica Goñi aparece otra nota manuscrita en la que habla de otro atentado del Argala y en el que relata cómo fue la colocación en un vehículo de la bomba lapa que acabó con la vida del concejal de UPN José Javier Múgica en Leiza (Navarra), el 14 de julio de 2001.
El artefacto, decía la nota, fue "metido en el eje", en alusión, según indica el informe policial en el que se basa el juez, a que este se colocó en el hueco entre el chasis y el eje delantero del vehículo, un dato, concluye, que solo ella podía saber "como responsable" del "aparato militar" de ETA.
