Imagen del 21 de diciembre de 2021 del exdirigente de ETA Mikel Albisu Antza EFE-Javier Etxezarreta-Archivo
El juez Manuel García Castellón ha prohibido salir de España al ex dirigente etarra Mikel Albisu, Mikel Antza, tras tomarle declaración por presuntamente ordenar el atentado contra la casa cuartel de la Guardia Civil de Santa Pola , en el que murió un hombre y una niña de 6 años, el 4 de agosto de 2002.
Ha rechazado así la petición de prisión provisional formulada por las asociaciones de víctimas del terrorismo respecto de Mikel Antza y de Ramón Sagarzazu, "Ramontxu", en la comparecencia celebrada este lunes tras citarles como imputados en julio por este atentado, poco antes de cumplirse 20 años de esta acción terrorista.
El magistrado, acogiéndose a la petición del fiscal Vicente González Mota, ha acordado finalmente imponer a Mikel Antza la obligación de comparecer cada mes en el juzgado, la entrega del pasaporte unida a la prohibición de salida del territorio, así como la designación de un domicilio a efectos de notificaciones. Respecto a Sagarzazu, el instructor se ha limitado a requerirle que designe un domicilio donde pueda ser emplazado.
En contra de lo alegado por las asociaciones de víctimas -Dignidad y Justicia (impulsora de este procedimiento) y la AVT-, el juez considera en sendos autos que no concurre riesgo de fuga toda vez que los investigados se encuentran localizados, poseen arraigo en España y no se infiere que vayan a evadirse de la acción de la justicia en la presente causa.
En relación con la ocultación o destrucción de pruebas, señala que han transcurrido más de 20 años desde la comisión de los hechos que se investigan, por lo que "ya que no existe una inmediatez entre la comisión delictiva y esta instrucción".
El magistrado se refiere también a la reiteración delictiva y explica que se debe tomar en consideración "la disolución de la organización terrorista ETA y el cese en sus actividades criminales" para deshechar que exista ese riesgo.
No obstante, el juez sí ha considerado necesario imponer medidas cautelares a los investigados ante la gravedad de los delitos que se les atribuyen (integración en organización criminal y asesinato terrorista) y las elevadas penas de prisión con que están castigados.
Por este atentado han sido también imputados otros cuatro exdirigentes etarras, entre ellos las pareja de Mikel Antza, Soledad Iparraguirre, Anboto, que si bien también había sido citada finalmente no ha sido trasladada a la prisión desde la que debía comparecer.
Otros dos exdirigentes etarras imputados por estos hechos, José Antonio Olarra Guridi y Ainhoa Múgica, Olga, se han acogido al principio de especialidad para no declarar, ya que Francia les entregó por otro atentado, por lo que hay que esperar a que las autoridades francesas los autoricen también por este.
El sexto exjefe de ETA contra el que se dirige este procedimiento, Félix Ramón Esparza Luri, no ha podido ser citado por estar preso en Francia.
En su comparecencia Sagarzazu ha sido el único que ha respondido al juez, al fiscal y a su defensa para decir que no era de ETA, que le condenaron en Francia por ser integrantes, pero no por dirigente.
En un reciente informe la Guardia Civil sostiene que estos seis integrantes del Comité Ejecutivo de ETA ordenaron el atentado contra la casa cuartel de la Guardia Civil de Santa Pola (Alicante), y apunta a que pudo ser en respuesta al proceso de ilegalización de Batasuna. Los autores materiales del atentado de Santa Pola, en el que ETA mató a Cecilio Gallego y a la niña Silvia Martínez, fueron Óscar Celarain y Andoni Otegi, ya fueron condenados en 2012.
El atentado fue reivindicado por ETA en un comunicado en el que advertía que las sedes de la Guardia Civil seguían siendo "objetivos militares" y reiteraba el aviso de que "no metiese a sus familias en los cuarteles".
La Guardia Civil considera "bastante probable" que el atentado hubiese sido decidido por la Dirección de ETA "como medida de presión para tratar de contrarrestar el proceso para ilegalizar Batasuna".
Con este son tres los procedimientos impulsados por Dignidad y Justicia en los que se ha imputado recientemente a un total de ocho exdirigentes de la banda terrorista. Los otros dos son por los asesinatos de los concejales del PP Gregorio Ordóñez y Miguel Ángel Blanco. Algunos nombres de los investigados se repiten, como los de Mikel Antza y Anboto.
