El alcalde de Elche, Carlos González, posa ante la futura sede de la Agencia Espacial Española (AEE) - EPDAUna veintena de localidades de diez comunidades autónomas aspiran a albergar la sede de la Agencia Espacial Española y han formalizado su candidatura en el plazo -que finaliza mañana- de un mes que el Gobierno abrió para que los municipios interesados se postularan para alojar este nuevo organismo.
Entre los municipios que han presentado su candidatura para acogerlo están las ciudades Huelva y Sevilla, en Andalucía; la de Teruel, en Aragón; Elche en la Comunitat Valenciana; Las Palmas de Gran Canaria; Cabanillas del Campo (Guadalajara), Yebes (Guadalajara), Puertollano y Ciudad Real en Castilla-La Mancha; las ciudades de León, Palencia y Cebreros (Ávila) en Castilla y León; el municipio de San Javier en Murcia; los de Tres Cantos y Robledo de Chavela, en Madrid; y L'Hospitalet de Llobregat en Cataluña.
Y además de estos municipios ha oficializado también su candidatura para contar con esa sede el País Vasco, que ha defendido la importante industria espacial y el ecosistema científico y tecnológico de esta comunidad pero que no ha propuesto una ubicación concreta para el nuevo organismo.
La futura Agencia Espacial Española, que estará operativa previsiblemente en el primer trimestre de 2023, está prevista en la nueva Ley de la Ciencia y la Tecnología y en el Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (Perte) Aeroespacial, una iniciativa con la que el Gobierno quiere movilizar unos 4.500 millones de euros hasta 2025 para impulsar la investigación y la innovación en el sector aeronáutico y espacial.
Aunque oficialmente la carrera por albergar este organismo comenzó el pasado 5 de octubre, cuando se publicó en el BOE la orden del Ministerio de Política Territorial en la que se fijaron los criterios que se van a tener en cuenta para elegir la sede, la pugna ya se había desatado desde el momento en el que se anunció su creación y el presidente del Gobierno adelantara que se localizaría fuera de Madrid.
Una pugna que ha motivado que cada ciudad defienda las bondades y las ventajas que perciben para ser sede de la Agencia Espacial Española, pero que ha hecho además aflorar muchas discrepancias territoriales y quejas: Teruel por sentirse agraviada por las condiciones que se han fijado; Huelva por considerar que la Junta de Andalucía se ha inclinado más por Sevilla; o de la Diputación de Alicante por no haber participado en la presentación de la candidatura de Elche.
El Cabildo grancanario ofrece hasta cinco ubicaciones diferentes (también en los municipios de Agüimes y Maspalomas), pero como opción principal un edificio en el barrio de Ciudad Jardín de la capital de la isla, y defiende las sinergias con el Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC) y el futuro estratopuerto para plataformas pseudosatelitales y drones.
Elche, el tejido productivo aeroespacial de la ciudad, con dos de las empresas más relevantes del sector a nivel europeos (Emxys y PLD Space); Sevilla, la fortaleza actual de la industria aeroespacial y la pujanza de su sistema de innovación; y Tres Cantos (Madrid) los ecosistemas de emprendimiento e innovación o los accesos a medios de transporte aéreos y terrestres.
L'Hospitalet de Llobregat se ha presentado a la pugna con el aval también de la Generalitat de Cataluña, que hasta ahora había rechazado acoger alguno de los organismos estatales de nueva creación; Ciudad Real ha defendido su posición estratégica en el centro peninsular y el amplio respaldo institucional que ha cosechado su candidatura; y San Javier su tradición e historia aeronáutica.
Teruel ha defendido también la idoneidad de sus instalaciones, pero además ha denunciado los criterios que se fijaron la elegir esa sede, al considerar que sólo pueden cumplir esos requisitos zonas ya densamente pobladas y con infraestructuras muy consolidadas, cuando uno de los objetivos que pretende el Gobierno con la descentralización de organismos es favorecer la cohesión territorial y la igualdad de oportunidades.
Cebreros (Ávila) las instalaciones de exploración del espacio y antenas con que cuenta desde hace décadas (de la NASA y de la ESA); Yebes (Guadalajara) -el municipio más pequeño de cuantos optan a la sede- su singularidad como lugar de observación y divulgación astronómica; o Cabanillas del Campo su oferta de medios de transporte y su cercanía al aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas y la vinculación de esta zona con la Universidad de Alcalá.
La sede de la futura Agencia Espacial Española ocupará un espacio de unos 3.000 metros cuadrados y está previsto ubicarla en un lugar que cuente con una amplia red de acceso a medios públicos de transporte, especialmente tren de alta velocidad y que se encuentre a menos de una hora de un aeropuerto internacional, según los criterios que se fijaron en el BOE.
Ese aeropuerto internacional deberá tener conexiones con Bruselas y París, y preferentemente también con Ámsterdam, Toulouse, Roma y Praga, destinos que con más frecuencia visitará previsiblemente el personal de esa Agencia, que el Gobierno quiere además que disponga cerca de un entorno hotelero y de un sector empresarial, educativo y universitario "dinámico".
La comunidad más beligerante contra los criterios fijados por el Gobierno ha sido la de Aragón, que ha advertido que muchos lugares de la España vacía -como Teruel- han quedado durante décadas discriminados y no se hayan beneficiado de las infraestructuras de transporte, hoteleras, industriales o educativas y hoy pueden ser penalizados por no disponer de ellas.
Desde el Gobierno, la ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant, ha incidido en la defensa de los criterios "objetivos" que se han fijado para elegir esa sede, aunque no serán los únicos que se tendrán en cuenta para elegir esa ubicación, y en el compromiso del Gobierno de desconcentrar instituciones y organismos "para generar oportunidades en todos los territorios".
El Gobierno quiere que esté operativa en el primer trimestre de 2023 -cuenta ya con una importante partida en el proyecto de Presupuestos para el próximo año-, y requerirá inicialmente unos setenta empleados, entre funcionarios, laborales y puestos de alta dirección.
La Agencia, que tendrá un importante componente dedicado a la seguridad nacional, coordinará las actividades y las políticas nacionales sobre el espacio, y será además el organismo público que canalice la participación española en programas internacionales en este ámbito.
Acabado el plazo para presentarse, una comisión consultiva que estará presidida por la ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, elaborará un dictamen tras analizar todas las candidaturas, que podrá incluir también localidades que no se hayan postulado, y enviará su propuesta al Consejo de Ministros para su aprobación definitiva, en un plazo aproximado de un mes.
