El Hospital de Torrevieja, a 26 días de volver a ser de gestión pública

A veintiséis días para que el departamento de salud de Torrevieja pase a la gestión pública directa, el proceso de reversión del centro alicantino, ahora en manos de Ribera Salud, se desarrolla con tensiones similares a las que se produjeron con el Hospital de La Ribera.

El próximo 15 de octubre finaliza el contrato de concesión del Hospital de Torrevieja, que comenzó en 2006, y tal y como ocurrió el 1 de abril de 2018 con el situado en Alzira, pasará a depender totalmente de la Conselleria de Sanidad y tendrá como nueva gerente a la doctora María Pilar Santos.

El gobierno del Botànic cumplirá así el compromiso electoral surgido de las elecciones de 2015 de devolver a la gestión pública las concesiones sanitarias auspiciadas por el Partido Popular cuando gobernaba la Generalitat.

En este modelo de colaboración público-privada, la Administración paga a la concesionaria una cantidad anual por cada uno de los habitantes adscritos a su área, aunque está garantizada la naturaleza pública del servicio de salud.

"La hoja de ruta no se ha variado", aseguró en junio la consellera de Sanidad, Ana Barceló, en Les Corts, donde dijo que cuando llegue el momento, en octubre, notificarán a Ribera Salud "que queda concluido el contrato en el momento de su vencimiento".

A principios de septiembre, técnicos y personal de la Conselleria se desplazaron a Torrevieja para preparar la fase final de la integración del departamento, abordando tareas de planificación y organizativas relacionadas con la logística o los servicios externos contratados por la empresa concesionaria.

También trabajan en aspectos ligados a la adaptación al entorno informático de los sistemas de información de la Generalitat o la subrogación del personal que presta sus servicios en el departamento, tanto temporal como indefinido, que seguirán en sus puestos de trabajo bajo la condición de personal laboral a extinguir.

El proceso de reversión del hospital alicantino, que atiende a una población cercana a 180.000 personas y contará con cerca de 1.900 trabajadores, no ha estado exento de tensiones, diferencias y polémicas entre Ribera Salud y la Conselleria, a lo que se han sumado las críticas de los grupos de la oposición.

Desde el PP han señalado que no hay "razón técnica ni sanitaria, solo sectarismo", para acometer la reversión, y han pedido que la vuelta al sistema público de Torrevieja no sea "una chapuza" como a su juicio ocurrió con La Ribera, mientras Ciudadanos cree un "grave error" la decisión de no prorrogar el contrato con la concesionaria.

Para canalizar al personal tras la reversión de concesiones y servicios sanitarios, Sanidad anunció la creación de la Empresa Pública de Salud (EPS), un proyecto que tuvo que retirar pocos meses después ante las críticas lanzadas por sindicatos y por miembros del propio gobierno autonómico.

La incertidumbre laboral de los trabajadores del hospital también ha derivado durante los últimos meses en protestas y concentraciones, aunque en junio el president de la Generalitat, Ximo Puig, aseguró que en "ningún caso" y "ningún momento" se "ha cuestionado" que "vayan a pasar al servicio público".

Ribera Salud, tras subrayar los datos que avalan el buen funcionamiento del hospital, ha pedido a Puig sentarse para que la reversión "sea legal" y poder negociar una posible prórroga (el contrato contempla hasta de cinco años).

A juicio de la concesionaria, "las improvisaciones que hemos visto con Torrevieja vienen del fracaso que ha ocurrido en Alzira", y alude a una sentencia del Tribunal Supremo que anula el fallo del Tribunal Superior de Justicia valenciano que, en 2019, desestimó el recurso presentado contra la decisión de la Generalitat de recuperar la gestión de Alzira.

Considera que este fallo judicial termina con "el populismo económico de tomar decisiones solo teniendo en cuenta la postura ideológica y sin un expediente que justifique que eso va a tener consecuencias en el uso de los fondos públicos".

También se ha posicionado en contra de la reversión la Fundación Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (IDIS), entidad que aglutina al sector sanitario privado, porque la considera "un atropello" de los derechos de los ciudadanos y cree que va "en contra" del sector turístico de la Comunitat Valenciana.