Imagen de archivo.EPDAYa en el mes de enero de este año, el Grupo I de Crimen Organizado de la Comisaría de Policía Nacional en Alicante practicó la detención de algunos de los implicados en esta nueva trama por vejar, agredir y amenazar a una mujer con un 65% de discapacidad intelectual para poder quedarse con la pensión que esta cobraba, lo que realizaron durante 20 años, justificando dicho comportamiento como saldo de una antigua deuda que alcanzaba el millón y medio de pesetas.
Sería ahora cuando los agentes tendrían conocimiento de que algunos de los implicados en los hechos contra la mujer discapacitada, también vendrían realizando este tipo de conductas contra su hijo que presentaba un 71% de discapacidad intelectual.
A principios del mes de junio, la víctima, un varón con un alto grado de discapacidad intelectual, decidió denunciar su situación ante los agentes del Grupo de Crimen Organizado de la Comisaría Provincial de Alicante, a los que narró las constantes vejaciones y amenazas que llevaba sufriendo durante al menos 5 años, que pasaban por coaccionarlo para que abriera una cuenta corriente donde figurara como autorizado uno de sus agresores y así disponer libremente de la pensión social de algo más de 400 euros mensuales que venía percibiendo la víctima por su situación. Esta coacción se llevó a cabo tras obligarlo violentamente a introducirse en un vehículo y personarse con los agresores en el banco para asegurarse de que cumplía sus exigencias.
Además, la víctima era agredida física y psicológicamente con frases como: "COMO NO HAGAS LO QUE TE DECIMOS TE VAMOS A PEGAR Y MATAR".
La víctima relató a los investigadores que las agresiones y coacciones se intensificaron cuando fue citado en el Juzgado para que declarara acerca de lo sucedido contra su madre meses antes, contando que en esta ocasión fue obligado a permanecer encerrado durante los dos días previos a la comparecencia, no cesando las amenazas como: "COMO NO HAGAS LO QUE TE HEMOS DICHO TE MANDO A ESTE Y TE PEGA UNA PALIZA". Durante este encierro, la víctima no pudo escapar porque siempre estaba vigilado por alguno de los autores, ni tampoco pedir ayuda ya que le habían retirado el teléfono móvil.
Además, los autores tenían en su poder, tanto el Documento Nacional de Identidad como tarjeta de crédito y cartilla bancaria de la víctima que utilizaban para hacerse con la pensión económica que mensualmente percibía la víctima.
Agentes del Grupo crimen I de la Policía Nacional en Alicante, tras una laboriosa investigación, practicar las medidas indagatorias pertinentes y corroborar todo lo denunciado por la víctima detuvieron a los cinco implicados en los hechos, cuatro hombres y una mujer de nacionalidad española, de entre 21 y 55 años de edad, los cuales se enfrentan a los delitos de detención ilegal, amenazas, robo con violencia e intimidación y obstrucción a la justicia, encontrándose la peculiaridad que algunos de ellos son familiares directos de las víctimas.
Los detenidos fueron puestos a disposición del Juzgado de Instrucción en funciones de guardia de Alicante.
