Gerard Fullana, portavoz de Compromís en la Diputación de Alicante. EPDACompromís se opone al cierre en falso el próximo martes de la comisión creada en la Diputación de Alicante para la fiscalización de los gastos de los grupos políticos que componen el pleno. Durante cuatro años esta comisión, impulsada con el voto de los partidos presentes en la institución, no ha podido constatar el objetivo final de 466.000 euros por parte del Partido Popular, mientras la oposición ha hecho un streaptease contable a favor de la transparencia en una institución símbolo de la corrupción política de los últimos años.
"No puede ser que el único partido condenado por corrupción en democracia y que va a gestionar cerca de mil millones de euros los próximos cuatro años sea el único en esta institución que no aclare en qué se ha gastado el dinero desde 2015. No podemos empezar la legislatura de esta forma, es un auténtico suspenso en Transparencia y C's debe posicionarse antes del viernes sobre si va a investir a un partido que no justifica gastos acorde a la ley", ha señalado Gerard Fullana, portavoz de la coalición en la institución alicantina.
El artículo 9 del reglamento orgánico sobre dotación económica de los Grupos Políticos de la Corporación establece que la transferencia a partidos políticos de fondos asignados a los grupos con representación plenaria "deberá ser como consecuencia de gastos conjuntos realizados por el partido".
"Resulta arbitrario e irregular el hecho de que no se exija acreditación alguna al Partido Popular que aclare en qué se gastó casi medio millón de euros mientras el resto estamos justificando hasta los taxis que cogemos durante nuestra actividad laboral", ha señalado Fullana.
La coalición considera como puro cinismo administrativo que quienes den carpetazo a la comisión fiscalizadora sean el responsable de Transparencia de la institución, Adrián Ballester, y el actual presidente de la misma y responsable de Transparencia del Partido Popular de España, César Sánchez. También que se excusen en una presunta fiscalización del Tribunal de Cuentas que no tiene capacidad verificadora al respecto.
