Vista general de la última tractorada realizada en la Comunitat Valenciana -por las calles de València- para denunciar la crítica situación de los productores y reclamar la supervivencia del campo valenciano. -EFE
La asociación agraria Asaja ha convocado para el próximo 10 de mayo una tractorada en la ciudad de Alicante con el objetivo de "unirse" contra la reducción de caudales para riego que prevé el Ministerio de Transición Ecológica en la cuenca del Tajo y "el abandono de la provincia de Alicante" por parte del Consell y la Generalitat en el plan hidrológico del Júcar.
La protesta, secundada por la Junta Central de Regantes del Vinálopo y ambas márgenes de Riegos de Levante, también clamará contra los bajos precios en origen "por la inactividad de la Ley de Cadena Alimentaria", los acuerdos con terceros países para la importación de productos agrarios sin control y la escalada "inasumible" de precios de producción.
En un comunicado, han asegurado que los tractores y los manifestantes "tomarán la capital en defensa del campo y de su recurso más valioso: el agua" y que protestarán por el mantenimiento del Tajo-Segura, la activación del Júcar-Vinalopó y el restablecimiento de las concesiones a los regantes del Vinalopó.
El presidente de Asaja Alicante, José Vicente Andreu, ha asegurado que "están en juego miles de puestos de trabajo y cientos de millones del PIB provincial", al tiempo que ha subrayado: "Hemos apostado por el regadío sostenible, nos hemos hipotecado para varias generaciones con la modernización y hemos soportado una escalada de precios de fertilizantes".
"Ahora el Ministerio nos da la puntilla cortando los trasvases. Basta ya, hay que tomar la calle de nuevo", ha zanjado.
Desde el colectivo agrario han destacado que la tractorada del 10 de mayo reanudará el calendario de movilizaciones que Asaja aplazó hace un mes con motivo de la invasión de Ucrania y que la reactivación de la protesta viene "por la sordera que demuestra el Ministerio al prever la supresión del 50 % de los caudales del Tajo-Segura y la inactividad del Júcar-Vinalopó".
"Nos enfrentamos a un enemigo común: la desidia política de quienes nos gobiernan", ha señalado Andreu, quien ha sostenido que "se toman decisiones que afectan al futuro del campo sin ningún tipo de rigor técnico e intentan fragmentar a los agricultores y regantes con absoluta deslealtad para legitimar sus posiciones".
Por su parte, el presidente de la Junta Central, Ángel Urbina, ha incidido en que "la revisión del plan de cuenca del Júcar pone en peligro los 80 hectómetros cúbicos que teníamos asignados en el Alto y Medio Vinalopó", después de la decisión de enviarlos a la Albufera de València.
"Nos unimos a la tractorada porque es necesario garantizar que el Júcar-Vinalopó tenga una concesión y no esté supeditada a sobrantes, ya que este trasvase ha costado 1.000 millones de euros que están dispuestos a tirar a la basura", ha concluido Urbina.
