Barcala-EPDAEl Pleno del Ayuntamiento de Alicante debatirá el próximo 22 de diciembre, en la sesión ordinaria de diciembre, una declaración institucional para exigir al Ministerio del Interior y al Gobierno de España a que no lleven a cabo la modificación propuesta de la Ley de Seguridad Ciudadana con el único y exclusivo fin de contentar a sus socios nacionalistas e independentistas para asegurar su voto en los Presupuestos Generales del Estado para 2022.
A mismo tiempo, en el documento se pide que en su lugar se atiendan las peticiones de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y se apruebe por ley la equiparación salarial, a que garanticen los compromisos retributivos para los agentes que prestan servicios en lugares como Baleares, el Campo de Gibraltar o Cataluña y se endurezcan la penas en los delitos contra los agentes.
El Pleno del Ayuntamiento de Alicante instará a todos los grupos municipales con representación en el Congreso de los Diputados a que promuevan que la modificación actualmente en trámite de la Ley de Seguridad Ciudadana no se realice en los términos anunciados por el Gobierno de España, sino que ésta sea con el objetivo de conseguir la mejora del marco normativo dedicado a proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades públicas y garantizar la seguridad de los ciudadanos, intensificando las garantías y promoviendo una mayor eficacia, especialmente frente a las amenazas más graves así como de los derechos y seguridad de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Equiparación salarial
"Tras conocer que el Gobierno de Pedro Sánchez quiere reformar la Ley de Seguridad Ciudadana, para, según ellos, "garantizar los derechos de los ciudadanos y dar seguridad jurídica a policías y guardias civiles", no podemos más que posicionarnos frontalmente en contra de esta reforma, puesto que las modificaciones que quieren sacar adelante desprotegen de facto la actuación de nuestras fuerzas de seguridad ante la delincuencia, que les deja en desventaja ante el delincuente y el delito. Esta Ley ha sido muy útil, ha permitido la lucha activa contra el terrorismo y ha protegido a los ciudadanos y a los agentes de la autoridad", se afirma en la declaración suscrita por las portavoces de los grupos Popular y Ciudadanos, Mari Carmen de España y Mari Carmen Sánchez, respectivamente. "No todo vale para sacar adelante los presupuestos", señalan.
"La Ley de Seguridad Ciudadana es una norma plenamente constitucional y que, además, el Ejecutivo de PSOE y Podemos utilizó durante los meses más duros de la pandemia -pese a que ahora la quieran derogar- y por supuesto, fue avalada por el Tribunal Constitucional, recibiendo el informe positivo del CGPJ" recuerdan las portavoces de PP y Cs.
"El Gobierno debería de preocuparse en llevar a cabo la equiparación salarial por ley, garantizar los compromisos retributivos para los agentes que prestan servicios en lugares como Baleares, el Campo de Gibraltar o Cataluña y endurecer las penas en los delitos contra los agentes. Pero no, el Gobierno de Pedro Sánchez, con tal de pagar favores a sus socios nacionalistas e independentistas, se ocupa de pretender reformar la ley para permitir manifestaciones espontáneas, permitir que se graben y difundan las intervenciones de los agentes -que es de facto una coacción- así como restarles la presunción de veracidad o que se rebajen las multas, las cuales deben de ajustarse a la ley en vigor y no a las rentas que tenga el agresor, creando así una enorme inseguridad jurídica, una vez más", señalan las portavoces.
"En vez de velar por mantener la seguridad ciudadana y proteger a los agentes que se encargan de garantizarla, con la modificación de la Ley de Seguridad Ciudadana lo único que pretende el gobierno es dar satisfacción a sus socios de Podemos, ERC y Bildu y seguir manteniéndose en el poder a costa de todo", se afirma en la declaración institucional impulsada por el equipo de gobierno municipal.
