Adrián Ballester plantea en Les Corts que el Fondo de Cooperación Municipal atenta contra la autonomía local

El portavoz del equipo de Gobierno de la Diputación de Alicante, Adrián Ballester, ha intervenido también hoy en Les Corts Valencianes, tras la comparecencia del presidente Carlos Mazón, para apuntalar los argumentos aportados por el responsable de la institución provincial en la Comisión de Justicia, Gobernación y Administración Local sobre el Fondo de Cooperación Municipal.

Durante su intervención, el diputado ha concretado que la institución provincial y varias localidades de la provincia "nos quedamos sorprendidos cuando nos presentaron por primera vez este Proyecto de ley, del Fondo de Cooperación Municipal, porque es una Ley cuyo resultado es perjudicial para las diputaciones y para los municipios, especialmente los de menor población". En este sentido, el portavoz del equipo de Gobierno ha pedido que se respete el derecho de la autonomía local, al tiempo que ha asegurado no entender "por qué se quiere obligar a la Diputación a contribuir de manera forzosa al Fondo de Cooperación Municipal. No tiene sentido alguno que la Diputación se vea obligada a contribuir a un fondo para luego repartir ese importe entre municipios que ya son competencia de la Diputación. Es un sinsentido que, además, afecta al principio de la autonomía local consagrado en el artículo 137 de la Constitución Española".

Finalmente, Ballester ha recalcado que la institución presta apoyo financiero a los 141 municipios a través de programas inversores como el Plan Planifica, con 70 millones de euros, el Plan + Cerca, con 30, y el Plan + Deporte, 10 millones. Además, ha recordado que la Diputación de Alicante está asumiendo competencias impropias de la Generalitat "por un importe de 54 millones de euros, un 25% de su presupuesto anual. Esta Ley implica, de facto, una doble imposición: por un lado, seguimos asumiendo esas competencias impropias a costa de nuestros presupuestos y, por otro lado, nos obligan a aportar más dinero a un nuevo fondo".

Por tanto, tal como ha concluido la Constitución Española "establece que las entidades provinciales gozan de autonomía para la gestión de sus respectivos intereses. Si nos obligan a contribuir a este Fondo, ¿no creen que se está violando un principio constitucional?".