Sala de justicia-EFE
El tribunal de la Sección Tercera de la Audiencia de Alicante ha dictado una sentencia en la que considera probado que el acusado, de origen colombiano, concertó varios encuentros con la menor entre los meses de septiembre y octubre de 2018, en los que ambos mantuvieron relaciones sexuales consentidas en el domicilio de él, en Alicante. Otro de los contactos íntimos se produjo en un centro comercial.
La resolución judicial concreta que, al menos en una ocasión, el procesado grabó la relación sexual mediante la cámara de su teléfono móvil.
Ese vídeo fue hallado días después en los terminales telefónicos del acusado y de la víctima, así como otras fotos de ella.
La madre de la menor descubrió casualmente esas imágenes en su terminal, lo que propició el registro de la denuncia.
Durante su declaración en el juicio, el procesado admitió que había conocido a la joven a través de la red social Instagram y que habían quedado en la casa de él, aunque negó que hubiesen mantenido relaciones sexuales y que le hubiese tomado fotografías o grabado vídeos de contenido pornográfico.
También rechazó que él hubiese participado en los vídeos y solo aseguró que los tenía en su teléfono porque la chica se los había enviado.
No obstante, su relato contrasta con la versión de la menor, que ahora ya habría rebasado la mayoría de edad. El tribunal entiende que su relato "ha resultado totalmente convincente tanto por su forma de expresarse como por la claridad de su exposición, su persistencia, verosimilitud, ausencia de contradicciones y de motivos espurios".
E, igualmente, subraya la existencia de "elementos externos de corroboración de su testimonio", como los vídeos hallados en sus dos teléfonos o los mensajes intercambiados entre ambos.
En esta línea, la Sala concluye que el procesado es responsable de un delito de abuso sexual a menor de 16 años y señala que "el delito existe con independencia de la voluntad o consentimiento de la menor de 16 años". Es más, añade que el propio acusado reconoció que era conocedor de la edad de la chica en el momento de los hechos.
El tribunal rechaza aplicar la agravante de superioridad solicitada por la acusación particular, al tener en cuenta que el informe médico forense practicado tras la evaluación de la joven "no acaba de traslucir una situación de vulnerabilidad específica de intensidad suficiente para incrementar el desequilibrio de posiciones inherente a la menor edad de 16 años".
La Audiencia de Alicante impone además al procesado el pago de una indemnización de 4.000 euros en concepto de responsabilidad civil.
La sentencia es recurrible en apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).
